Roberto Rodríguez Gómez

Según la estadística más reciente, la matrícula total de educación superior en México asciende a 2 millones 724 mil (Presidencia, Segundo Informe de Gobierno, cifra estimada para el ciclo escolar 2008-2009). De este total, 913 mil alumnos, es decir 33 por ciento del total, están inscritos en instituciones del sector privado. En la modalidad de educación normal, la matrícula privada, que suma aproximadamente 38 mil estudiantes, representa 25 por ciento del total. En programas de licenciatura universitaria o tecnológica, el alumnado en instituciones de educación superior (IES) privadas suma 781 mil alumnos, lo que equivale a 32 por ciento del total, y en posgrado los cerca de 95 mil estudiantes en instituciones particulares representan más de 50 por ciento de la matrícula total en ese nivel.

La matrícula de educación superior privada ha crecido en forma gradual, pero sostenida, en las últimas tres décadas. Hacia 1980, el número de estudiantes en las IES privadas superaba apenas las 100 mil plazas, es decir, aproximadamente 11 por ciento de la matrícula nacional de educación superior. De entonces a la fecha, el segmento ha crecido siete veces. La matrícula en IES públicas, que en 1980 sumaba 705 mil alumnos y en 2008 un millón 760 mil, ha incrementado su volumen 2.5 veces en el mismo periodo.

¿Es factible que, en el entorno de recesión de la economía nacional, la educación superior privada pueda mantener el ritmo o, al menos, sostener su presencia en la oferta de estudios de educación normal, licenciatura y posgrado? Difícilmente.

La crisis, parece inevitable, golpeará la economía de las familias y, con ello, la oportunidad de solventar servicios privados de educación superior. Incluso para quienes ya están inscritos, la posibilidad de mantenerse en el sistema dependerá del efecto económico del ciclo de crisis. No parece haber de otra, lamentablemente.

No menos difícil la perspectiva que se presenta a las instituciones privadas como tales. Por supuesto, la posible pérdida de alumnos y, más aún, las dificultades para reclutar nuevos estudiantes. En la medida en que las finanzas de la mayoría de las IES privadas se deben, fundamentalmente, a inscripciones y colegiaturas, los planes de expansión, de mejora cualitativa, de innovación y experimentación se verán aplazados o tendrán un perfil más modesto.

En tales condiciones, no es difícil suponer que las instituciones privadas busquen nuevos apoyos del Estado para enfrentar la complicada coyuntura. La carta del voucher ha sido abierta más de una ocasión y no sería raro que se insistiera en esa opción. También se ha mencionado la posibilidad de que las familias con hijos inscritos en instituciones privadas tengan la posibilidad de deducir impuestos, así como la opción de que el Estado derive recursos públicos para sistemas de becas y becas-crédito que pudieran aplicarse a la educación privada.

De una u otra forma, todas estas posibilidades han sido presentadas como alternativas para fomentar el desarrollo del sector privado. Algunas soluciones más, como por ejemplo la disponibilidad de créditos directos a las instituciones, gestionados a través de Nacional Financiera o de la Secretaría de Economía, entran en el terreno de lo posible y cabría esperar su eventual discusión.

El problema estriba, por una parte, en que las solicitudes de la iniciativa privada de subsidios para paliar los efectos de la crisis, están a la orden del día. La competencia está reñida porque, además, coincide con la necesidad de fondos públicos para enfrentar problemas tales como el desempleo, el crecimiento de la pobreza o la supervivencia del sector financiero, por citar sólo los más evidentes.

Por otra parte, el compromiso del Estado con metas precisas de cobertura, que implican la creación de numerosas IES públicas en todo el país, así como el estímulo al crecimiento de las universidades públicas, no va a facilitar la gestión que hagan las IES privadas en el sentido ya indicado. El gobierno sabe perfectamente que cuando se abre a discusión la opción de apoyar con fondos públicos a las IES privadas, el impacto político no se deja esperar. ¿En un año electoral se animarían las autoridades a enviar señales de privatización de la educación superior? Es difícil, pero ya se verá.

Resta aguardar la postura que asumirán al respecto las IES privadas, en lo particular, así como sus organizaciones; la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y el Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines (CUPIA) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Y resta también aguardar la respuesta del gobierno.