Roberto Rodríguez Gómez

Francia es uno de los países donde las primeras secuelas de la recesión económica han dado lugar a una intensa movilización social. El pasado 29 de enero se dio la convocatoria de los ocho grandes sindicatos nacionales a un paro general de actividades. La huelga, si bien no frenó las actividades laborales por completo, tuvo indudables repercusiones en los sectores de comunicaciones y transportes, la actividad de las escuelas y los servicios médicos. Más de un millón de personas, en todas las regiones del país, se manifestaron en contra de las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Sarkozy para enfrentar la crisis.

Después de las protestas de finales de enero tocó su turno a la movilización de universitarios en contra de las últimas reformas gubernamentales en materia de educación superior. Como se recordará, en el segundo semestre de 2007 el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación, encabezado por Valérie Pécresse, promovió una reforma normativa sobre la administración, gobierno, gestión y financiamiento de las universidades públicas. La norma correspondiente fue denominada "Ley número 2007-1199 del 10 de agosto de 2007, relativa a las libertades y responsabilidades universitarias", y se conoce también como Ley de Autonomía de las Universidades Francesas.

En su momento (véase Campus 238 a 241) la reforma suscitó varios puntos de inconformidad en las comunidades universitarias francesas, sobre todo en lo concerniente a la representatividad de académicos y estudiantes en los cuerpos colegiados, en torno de las disposiciones sobre la obtención de recursos suplementarios al subsidio público y, en general, en lo referente al enfoque de competitividad que encuadra las nuevas reglas del trabajo académico y la evaluación del desempeño de profesores e investigadores. Esta ley, se señalaba, tendría el efecto de aproximar el sistema universitario francés a un escenario de mercantilización, incoherente con los valores y tradiciones de servicio y responsabilidad pública de estas instituciones.

Al cabo, la resistencia sirvió para matizar varios puntos de la reforma, por ejemplo, la selectividad de estudiantes en el ciclo de posgrado, y para obligar a la programación gradual de los cambios en materia de financiamiento y gestión. Otros aspectos, como la especificación del nuevo régimen de contratación y obligaciones laborales del personal académico, quedaron pendientes de la emisión de disposiciones reglamentarias.

En consecuencia, durante 2008 fueron emitidas diversas disposiciones para perfilar más amplia y concretamente los alcances de la reforma. Cabe referir al respecto el proyecto de reforma a los organismos de investigación, que implica la reorganización del Consejo Nacional de la Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) en nueve institutos: matemáticas y aplicación; física y nanociencias; química; tecnologías; informática; medio ambiente y biodiversidad; ciencias del universo; física de partículas, y ciencias sociales y humanidades. Asimismo, la denominada Operación Campus, que implica la inversión, con capital privado de por medio, en infraestructura para investigación y docencia en los diez principales campus universitarios franceses a partir de 2009. También el proyecto de reforma del régimen de formación y reclutamiento de los profesores de enseñanza primaria y secundaria, y por último el proyecto de modificación del estatuto de los profesores-investigadores.

La nueva ola de protesta universitaria, además de reiterar la inconformidad con el enfoque neoliberal presente en las medidas de cambio, está centrada en el cuestionamiento de los criterios de contratación, permanencia, promoción y evaluación del personal académico. El debilitamiento de las condiciones laborales de profesores e investigadores es visto, naturalmente, como un retroceso y como un riesgo, de ninguna manera como una oportunidad para mejorar las condiciones de competitividad de las universidades francesas, tal como lo pretende justificar el gobierno de Sarkozy.

El 5 de febrero, ante la inminencia de la puesta en operación de los cambios programados, se manifestaron, en varias ciudades francesas, más de 50 mil personas, principalmente académicos y estudiantes de la mayoría de las universidades públicas. Asimismo, varias universidades se declararon en paro y suspendieron actividades. El 9 de febrero tuvo lugar, en la sede de la Sorbona, una trascendental reunión de autoridades y representantes académicos para convenir una postura unificada.

El pronunciamiento emanado de la reunión del 9 de febrero señala, textualmente, que los presidentes y representantes de las universidades reunidos en la Sorbona hacen un llamado formal a los ministros de educación nacional y de la enseñanza superior y la investigación a retirar todos los proyectos de reforma en controversia, condición necesaria para la apertura de auténticas negociaciones y el relanzamiento de un necesario proceso de reforma en el que participe la comunidad universitaria en su conjunto. El comunicado lo suscriben los rectores y los representantes de académicos y estudiantes de las universidades de Censier (París III), Sorbona (París IV), Saint-Denis (París VIII), Nanterre (París X), Villetaneuse (París XIII), Montpellier III, Besançon, Rouen y Grenoble III.

En respuesta, la ministra Pécresse acordó extender por dos meses la consulta sobre los temas controvertidos. Para tal efecto, designó a Claire Bazy-Malaurie, presidenta de Cámara en el Tribunal de Cuentas y especialista en asuntos universitarios, en calidad de mediadora entre el gobierno y el sector académico. El encargo específico de la instancia de mediación consiste en reexaminar el ejercicio práctico de la reforma, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de las disciplinas académicas.