Roberto Rodríguez Gómez

Hay que tener paciencia, colega. Primero fue la propuesta de Hacienda, transmitida por el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, para que las universidades hicieran en su presupuesto anual un “recorte voluntario” tal que se evitara, se decía entonces, una reducción obligada por el déficit fiscal (17/06/09). Más adelante, el anuncio a los rectores, también a cargo del secretario Lujambio, del recorte obligatorio de 1 por ciento sobre el gasto aprobado este año, reducción equivalente a un total de 800 millones de pesos (20/08/09). En estos días trascendió, finalmente, que en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, entregada por el secretario de Hacienda al Congreso el pasado 8 de septiembre, se contempla una reducción de aproximadamente 6.2 por ciento del gasto sectorial en valores reales.

Naturalmente, el rechazo a estas medidas, por parte de los rectores de las universidades públicas, directivos de otras instituciones de educación superior (IES), varios legisladores, y en general de la comunidad universitaria, no se ha hecho esperar. En un desplegado publicado el 24 de septiembre, el Consejo Nacional de la ANUIES, en representación de las instituciones afiliadas a la asociación, advierte: “de aprobarse el proyecto con los montos previstos, se enfrentará un retroceso en todos los indicadores de financiamiento, con la consecuente afectación en la continuidad de los proyectos académicos”.

Estando en esas, varios medios se han ocupado de transmitir mensajes acerca de la poca transparencia, ineficacia e ineficiencia del gasto invertido en las universidades. Se apoya esa corriente informativa en datos y comentarios de las evaluaciones encargadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a consultoras independientes, y tiene como referencia la operación de los fondos y programas, aprobados por el Congreso y administrados por la SEP, que han complementado el subsidio ordinario otorgado a las IES públicas en los últimos años.

En la página web del Coneval se encuentran los resultados de las evaluaciones de los siguientes programas: Fondo de Apoyo para las Reformas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales; Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo (sic) de la Media Nacional en Subsidio por Alumno; Fondo para el Reconocimiento de Plantilla de las Universidades Públicas Estatales; Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, Universidades Públicas Estatales; Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep); Programa Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA); Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (Fomes), Programa Nacional de Becas y Financiamiento (Pronabes).

Se trata, el lector puede constatarlo al revisar los documentos respectivos (en el portal del Coneval: www.coneval.gob.mx), de evaluaciones en extremo superficiales que no están centradas en el desempeño de los programas ni en su eventual contribución al desarrollo del sistema de educación superior, aunque presumiblemente ese es su enfoque. Las evaluaciones, más bien, se avocan a discutir el grado de congruencia interna entre los fines, propósitos, objetivos, metas, resultados y otros indicadores de dichos programas, así como el “alineamiento” entre estos y los postulados del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.

Los evaluadores encuentran, en general, que la información remitida por la SEP al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) adolece fallas de consistencia entre, por ejemplo, el propósito del programa respectivo y los indicadores de seguimiento, entre las metas postuladas y la forma de medirlas en el tiempo o la fórmula misma para el cálculo de los indicadores. Reiterada es la crítica sobre la insuficiencia de información y acerca de la ausencia de series de tiempo de los indicadores para una valoración más completa.

Grosso modo las observaciones contenidas en las evaluaciones apuntan a señalar deficiencias en la forma como la SEP reporta a Hacienda las ejecuciones de gasto en los programas y fondos que administra. No se trasluce en éstas una aplicación indebida de recursos, sino un problema de ajuste entre el contenido de los reportes y la metodología recientemente adoptada por la administración pública federal para el seguimiento de los programas sociales, es decir, la Matriz de Marco Lógico, en la cual se busca consistencia formal entre plan, programa y presupuesto.

Es un asunto entre burocracias, estrictamente hablando. Poco o nada tiene que ver con la realidad del sistema de educación superior como tal. A la hora en que los evaluadores llevan el juicio de valor un centímetro más allá de la revisión de la revisión formal, se hace patente su escaso conocimiento de las dinámicas del sistema. Tome el lector un solo ejemplo. En la conclusión sobre el desempeño del Programa Nacional de Mejoramiento del Profesorado se señala “del total de cuerpos académicos registrados en 2007 sólo 8.8 por ciento son CA consolidados y 20 por ciento está en proceso de consolidación. En 2008 estos porcentajes son 10 y 21.3 por ciento, respectivamente, lo que significa que el crecimiento en los CA consolidados fue de 1.2 puntos porcentuales y de 1.3 puntos porcentuales en los CA en proceso de consolidación. Esto implicaría que se requerirían 75 años para que todos los cuerpos académicos fueran consolidados.” ¿Amerita comentario?

Allá Hacienda si considera que las evaluaciones son confiables y que reflejan el desempeño de los programas sociales. Ése es su problema. El nuestro es que con evaluaciones a la carrera, sin más datos que los proporcionados por Hacienda, con escaso conocimiento de la materia, se vayan a tomar decisiones que afecten la inversión pública en educación superior. No es casualidad que parte de la prensa esté en ello.

¿Dispendio en las universidades públicas? Más bien dispendio de Hacienda que pagó a las consultoras privadas entre 70 y 80 mil pesos por cada una de las evaluaciones.