Roberto Rodríguez Gómez

Es urgente que México cuente con una política de Estado en la materia de educación superior, ciencia y cultura, pues de lo contrario, se cometería un error histórico que las próximas generaciones reclamarán con toda razón”, sentenció el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, en su intervención durante la reunión sostenida entre varios rectores y la fracción parlamentaria del PRI el pasado 9 de octubre.

Además de incrementar la menguada iniciativa presupuestal para educación superior, ciencia y tecnología, entregada por la Secretaría de Hacienda al Congreso, el rector Narro Robles propuso la implantación de una política de presupuestos multianuales que asegure la puesta en marcha “de una auténtica política de Estado” en el sector.

A modo de respuesta, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, en el marco del Encuentro Nacional de Diputados Locales del PAN (Torreón, Coahuila, 10/10/09), aunque evitó pronunciarse sobre los planteamientos concretos del rector, señaló: “hemos buscado que la afectación a las universidades sea menor al conjunto del sistema educativo, al tiempo de considerar que en una situación tan complicada como la actual es especialmente difícil no pedirles a todos los actores que acerquen el hombro y contribuyan a soportar la coyuntura”.

Desalentadora, triste, pero sobre todo indigna de un secretario de Educación, la posición del maestro Lujambio: dado un contexto de recesión económica, el Estado debe limitar sus inversiones en educación pública, particularmente en educación superior, ciencia y tecnología. Lamentable.

Las cosas como son: en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Hacienda establece la cifra de 2 billones 397 mil 871 millones de pesos como “gasto programable”, es decir los recursos de gasto corriente y de capital previstos para el conjunto de entidades y programas públicos. Esa suma representa un incremento de 3.34 por ciento respecto del aprobado el año pasado, aunque tomando en cuenta la inflación el valor es negativo, es decir, -1.4 por ciento.

Del gasto programable 2010, corresponden a la función de educación pública 482 mil 835 millones de pesos. La cifra integra los recursos asignados a la SEP (ramo 11), los servicios educativos de las secretarías de Defensa, Marina y Sagarpa, las previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos (ramo 25), y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios (ramo 33).

Distribuido el proyecto por nivel educativo, salta a la vista la decisión de restringir la inversión en educación superior y posgrado. Para educación básica (preescolar, primaria y secundaria), se aprobaron el año pasado 283 mil 484 millones de pesos. El proyecto 2010 asciende a 300 mil 501 millones de pesos. En términos reales, el incremento sería de 1.14 por ciento. Para educación media superior, el año pasado se aprobaron 53 mil 564 millones de pesos. En este nivel se contempla para 2010 un monto de 58 mil 309 millones de pesos, con lo cual el presupuesto aumentaría, en términos reales, 3.87 por ciento.

En marcado contraste, para educación superior se aprobó en 2009 un presupuesto de 73 mil 361 millones de pesos, cifra que la iniciativa 2010 hace descender a 71 mil 999 millones de pesos, es decir, una disminución real de 6.36 por ciento. Otro tanto ocurre en posgrado: mientras que en 2009 se autorizaron 5 mil 012 millones de pesos, la iniciativa 2010 es de 5 mil 44 millones de pesos, lo que en valores reales implica menos 3.97 por ciento.

El secretario Lujambio afirmó, según la prensa, que “si algún presidente ha sido especialmente cuidadoso con el financiamiento a las universidades públicas ha sido Felipe Calderón, pues en los primeros tres años de su gobierno el presupuesto a este sector se incrementó en 28 por ciento” (La Jornada, 11/10/09).

No es así. El gasto público en educación superior ha logrado incrementos crecientes gracias a la intervención de los legisladores de la oposición, cabildeo de la ANUIES y los rectores de por medio. Ello ha ocurrido en cada uno de los años de la actual administración, como también sucedió en todos los años del presidente Vicente Fox. Los dos gobiernos panistas remitieron al Congreso proyectos presupuestales para educación superior con niveles de gasto invariablemente inferiores a los recursos aprobados el año previo, sin falla.

Revisemos sólo los años de la actual administración: para el gasto en educación superior 2007, el Congreso autorizó 8 mil 206 millones de pesos sobre la propuesta de Hacienda. El proyecto de gasto en educación superior de 2008 fue, asimismo, incrementado por los diputados en 6 mil 738 millones de pesos, y el de 2009 en 7 mil 87 millones de pesos. La mayor parte de las reasignaciones se aplicaron a fondos de recursos extraordinarios sujetos a reglas de operación, curiosamente los mismos recientemente cuestionados por el Coneval y también los mismos que la iniciativa presupuestal en curso o bien omite o bien disminuye drásticamente.

Es verdad que de 2007 a 2009 el presupuesto federal para educación superior aumentó en forma importante al pasar de 54 mil millones a 73.5 mil millones de pesos. Todo ese aumento se debió, no obstante, a las reasignaciones autorizadas por el Congreso. En otras palabras, no es gracias al gobierno del presidente Calderón Hinojosa, sino al contrario, que ha podido sortearse la situación.

Países de desarrollo intermedio como Brasil, España y Chile decidieron, en medio de esta depresión, aumentar, no disminuir, la inversión pública en educación superior, ciencia y tecnología como una apuesta razonable para salir de la crisis. Nuestro gobierno, al contrario. ¿Quién cree que tenga razón?