Roberto Rodríguez Gómez

Se cumple una década de la huelga de estudiantes que mantuvo suspendidas las actividades académicas en la UNAM por casi un año, del 20 de abril de 1999 al 6 de febrero de 2000. Se recordará que ese movimiento se derivó de la reforma al reglamento de cuotas escolares, que la inflexibilidad de las autoridades universitarias y del gobierno federal ante la oposición estudiantil obstaculizó una solución cuando era factible evitar el desbordamiento del conflicto, y que, al cabo, todos los actores del entorno universitario salieron perdiendo.

Han transcurrido diez años. La UNAM logró recuperar el paso académico, reponer el prestigio lesionado, y aprender algunas lecciones. Principalmente que el tema de las cuotas y colegiaturas estudiantiles es un asunto muy delicado.

Aunque el proceso de la huelga ha sido estudiado desde varios ángulos, quizás se ha prestado escasa atención al contexto de restricción del subsidio gubernamental a las universidades que antecedió a la decisión de la rectoría de la UNAM en el sentido de elevar las cuotas escolares.

Uno de los efectos de los tristemente célebres “errores de diciembre” fue que a partir de 1994 el gasto fiscal destinado a programas sociales, entre estos la educación pública, observó una tendencia decreciente en términos reales. Las universidades públicas fueron, en los años de 1994 a 1996, severamente castigadas por las políticas de austeridad implantadas en la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1995-2000).

Al final de su periodo de gobierno, el mandatario propuso una interpretación francamente contraria a los datos. En la ceremonia del “Día del Politécnico” (30 de mayo de 2000), el presidente Zedillo señaló: “Contra lo que algunos afirman falsamente, hoy vuelvo a afirmar categóricamente que una prioridad fundamental de este gobierno ha sido la educación superior (…) En este sexenio el subsidio federal al conjunto de la educación superior pública ha crecido 35 por ciento en términos reales Esas mismas personas han llegado al extremo de afirmar que el conflicto de la UNAM fue causado por la disminución del subsidio que le otorga el Gobierno a esa muy apreciada Institución.”

Medido en pesos constantes de 1993, el presupuesto federal para educación superior tuvo el siguiente comportamiento: En 1994, último año de la administración de Carlos Salinas de Gortari, el presupuesto ascendió a 8 mil 593.6 millones de pesos; en 1995 fue de 7 mil 232 millones, en 1996 de 7 mil 31 millones y en 1996 de 7 mil 13 millones. A partir de 1997 la tendencia descendente se invierte, se logra alguna recuperación y el gasto aprobado para 1999 ascendió a 7 mil 212 millones de pesos y el de 2000 a casi 9 mil millones de pesos. Si se toman en cuenta sólo los datos de 1995 y 2000, entonces la afirmación de Zedillo sería plausible, pero la serie completa da cuenta de una pronunciada disminución del gasto en prácticamente todo el sexenio.

En tal contexto recesivo varias universidades públicas buscaron paliar los efectos de la crisis mediante la diversificación de ingresos, incluida la elevación de las cuotas escolares. Justamente eso fue lo que intentó, en su propia circunstancia, el rector Francisco Barnés de Castro, que iniciara su breve periodo al frente de la institución el 6 de enero de 1997.

En la Memoria UNAM de 1998 se consignan las dificultades financieras de la institución: “En 1998 (se) vivió un año de fuertes restricciones financieras. El presupuesto de egresos de ese año, aprobado por el Consejo Universitario, fue de 8 mil 39 millones de pesos, que significaron un incremento de 24 por ciento respecto de 1997. El 90 por ciento del presupuesto lo constituyó el subsidio del gobierno federal, 3 por ciento los fondos del programa UNAM-BID y 7 por ciento los ingresos propios de la institución”. Hoy pudiera entenderse que un incremento de 24 por ciento sería de consideración, tómese en cuenta, sin embargo, que para ese año la negociación salarial de la UNAM fue pactada en 20 por ciento.

Por otra parte, continúa la Memoria, “la universidad experimentó un recorte de 175 millones de pesos en el subsidio federal como consecuencia de la caída de los precios del petróleo”. Después de enunciado el problema, el texto del rector concluye: “ya en otras ocasiones lo hemos expresado con claridad: deseamos contar con más recursos económicos provenientes de diversas fuentes —gobierno federal, egresados, sectores productivos, alumnos—, para hacer realidad el ideal de una educación de excelencia para todos.”

A principios de 1999 el rector Barnés circuló una primera propuesta de aumento de cuotas. En esta se anticipaba incrementar la colegiatura anual en bachillerato a mil 360 pesos y en licenciatura a 2 mil 40 pesos, lo que representaba 30 y 20 salarios mínimos respectivamente. Al cabo la propuesta disminuyó a 20 y 15 salarios mínimos, con la aclaración de que esos montos serían crecientes al quedar indexados al indicador de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. La propuesta fue finalmente aprobada por el Consejo Universitario detonando las condiciones para la huelga. El resto es historia conocida.