Roberto Rodríguez Gómez

Sobre la temática del sistema de innovación mexicano, la competitividad de la economía nacional en el entorno global, así como los vínculos entre la investigación científica y el desarrollo y transferencia de tecnología, dos organismos multilaterales de primer nivel, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), elaboraron y publicaron, a solicitud del gobierno, sendos diagnósticos y recomendaciones que, entre otros temas convergentes, se refieren al tema de las patentes mexicanas.

El documento del Banco Mundial, titulado La competitividad en México. Alcanzando su potencial, se dio a conocer en 2006, en calidad de documento final del apoyo solicitado por la administración de Vicente Fox Quesada en el marco del diseño y puesta en marcha de la política pública de innovación y competitividad del sexenio. El organismo internacional contempla una opción de asistencia en la definición de temas de política y gobierno de nominada Actividades Analíticas y de Asesoramiento Programático (AAA), cuya finalidad es apoyar a los gobiernos nacionales en la determinación de prioridades y objetivos, costos y metas, de políticas sectoriales. Este proyecto fue incluido en esa modalidad, se desarrolló de 2004 a 2006 y contribuyó a definir la denominada Agenda de Competitividad 2004-2006 del gobierno de México.

El documento trata varios aspectos de la problemática y ofrece elementos de diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades del vínculo entre las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico del país con las dinámicas del sector productivo nacional. Una primera observación general del reporte del sector, a la vista de los indicadores de gasto-productividad, indica que “el sistema de innovación mexicano registra un desempeño que lo ubica por debajo de otras economías con su mismo nivel de ingreso, y tiene poca capacidad de traducir la inversión en innovación. La inversión privada en investigación y desarrollo (I+D), sea como proporción del PIB o como porcentaje de los gastos nacionales totales en I+D, es muy baja. Otros indicadores vinculados a la innovación, como los gastos de licencias, patentes, etcétera, también son bajos dado su nivel de PIB per cápita”.

La problemática anterior, que alude principalmente a la eficiencia de las políticas públicas para incentivar y encauzar las actividades de investigación y desarrollo del país, se aúna la debilidad del sector empresarial como agente potencialmente movilizador del sistema de innovación. Al respecto, el diagnóstico del Banco Mundial es claro y contundente: hay una “participación insuficiente del sector privado en las actividades de innovación (…) Las empresas mexicanas invierten poco más de 0.1 por ciento del PIB en I&D, en comparación con el 1.5 por ciento del área de la OCDE, 0.4 por ciento en Brasil, 0.3 por ciento en Chile y 0.8 por ciento en China”. Además, “las corporaciones multinacionales parecen no ver ventajas en trasladar algunas de sus operaciones de I+D al otro lado de la frontera y, por lo tanto, no brindan a las empresas mexicanas locales modelos de operaciones ni derramas”.

En alusión específica al tema de las patentes, el documento constata el escaso número de patentes solicitadas y concedidas a individuos o grupos nacionales contra el importante volumen de patentes dadas en México a empresas extranjeras. Como se sabe, esta relación se traduce en un muy alto nivel de dependencia de tecnología extranjera. El reporte del Banco señala al respecto que “en 2003, México ganó el monto poco significativo de 54 millones de dólares por intangibles de tecnología (adquisiciones de patentes, pagos de licencias de tecnología, conocimiento protegido y servicios de transferencia de know-how), que contrastan con los 608 millones de dólares que tuvo que comprar en el exterior. La proporción de dependencia medida en el número de solicitudes de patentes no residentes sobre las patentes residentes es de aproximadamente 24. Con una tasa de cobertura tecnológica de 8 por ciento en 2004, México está en el último lugar entre los países de la OCDE”.

A la luz de esta realidad, el organismo multilateral recomienda, además de generar mayor inversión, pública y privada, en investigación y desarrollo, “facilitar las interacciones entre las instituciones de I&D y la industria. Aunque el programa de Alto Valor Agregado en Negocios mediante Conocimiento y Empresarios (AVANCE) y los programas para consorcios pueden verse como puntos de entrada para facilitar estas interacciones, se necesitan más esfuerzos. Hacer la ciencia más pertinente para la industria exige incrementar el financiamiento para mejorar y aumentar estos vínculos. También requiere una revisión del sistema de derechos de propiedad intelectual y el establecimiento de un marco para que las instituciones públicas recompensen a su personal por los logros en investigación productiva”.

También se recomienda, como una vía de mejora al desarrollo del sistema de innovación, que México incremente “su productividad mediante su integración basada en el conocimiento en las cadenas de valor global. Deben tomarse numerosas medidas para avanzar en la construcción de un sistema de innovación coherente con un papel más activo del sector privado y vínculos académico-industriales más fuertes”.

Varias de las políticas y estrategias del gobierno federal del anterior y el actual sexenio, plasmadas en respectivas versiones del Programa Especial de Ciencia y Tecnología (Pecyt), así como en la instauración de programas y proyectos gubernamentales para apoyar la innovación y el desarrollo de tecnologías, se apoyaron en elementos de diagnóstico y propuestas como las citadas. Las soluciones experimentadas hasta ahora, no obstante, no han alcanzado a modificar las tendencias generales indicadas por el escaso número de patentes nacionales registradas. El próximo número comentaremos el diagnóstico y las propuestas de la OCDE al respecto.