Roberto Rodríguez Gómez

En la anterior entrega de esta columna se hizo referencia al Informe sobre la Fiscalización Superior a las Instituciones Públicas de Educación Superior 1998-2008, reciente publicación de la Auditoría Superior de la Federación, en el que se reportan los resultados generales de setenta auditorías practicadas por el organismo del Estado sobre instituciones y programas del sistema público de educación superior del país.

Dentro de ese total están comprendidas todas las universidades públicas federales, incluso del IPN, así como las universidades públicas estatales (UPES) salvo, por el momento, la Autónoma de Tlaxcala y la Autónoma del Carmen. En el periodo 1998-2008 al que se refiere el Informe, varias universidades han sido auditadas en más de una ocasión: el IPN nueve veces, la UNAM cinco, y la UAM y la U de G en tres ejercicios.

El balance de la ASF sobre la práctica de auditar a las instituciones y programas de educación superior es positivo en términos generales. Ha contribuido, se indica, a fortalecer las prácticas institucionales de planeación estratégica, así como los procesos administrativos de control y supervisión del ejercicio presupuestal respectivo.

No todo es miel sobre hojuelas, sin embargo. El propio Informe hace notar que en las auditorías practicadas se emitieron un total de 963 observaciones que generaron la promoción de 1,337 acciones, en su gran mayoría aclaratorias. El resultado de las auditorías, puesto en términos económicos, representa el “resarcimiento o aclaración de recursos por 706 millones de pesos de los cuales se han recuperado para el patrimonio de las IPES 25.8 millones de pesos y se han justificado 300.8 millones de pesos, quedando pendientes probables recuperaciones por 379.4 millones de pesos.” (p. 167).

No sobra mencionar que el mayor monto de recursos aclarados corresponde a la cuenta pública de 2005 (más de quinientos millones de pesos), año en el cual, se recordará, una proporción importante de los recursos federales destinados a las universidades públicas quedó provisionalmente “embargada” por la controversia interpuesta por el presidente Fox al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por los diputados para ese año.

En la sección de conclusiones, el Informe atribuye a causas exógenas y endógenas los problemas detectados en las auditorías. Son exógenas aquellas que tienen su origen en el ámbito de competencias de la autoridad federal o de las autoridades estatales, mientras que endógenas las que corresponden al funcionamiento de las instituciones.

Con respecto a las primeras, sobresale el siguiente hallazgo: “en todos los casos, los gobiernos de los estados no entregan con oportunidad lo recursos federales y estatales convenidos” (pág. 167). La afirmación es grave porque acusa cuando menos de ineficacia al ámbito estatal en el suministro de los recursos. Pero, más aún, “en algunos casos, los gobiernos estatales realizan retenciones improcedentes de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples” (ídem), lo que quiere decir que recursos autorizados a las UPES vía el FAM han sido “reasignados” por los gobiernos estatales.

¿Y entonces el gobierno federal?. Bueno, pues también se decta que hay “falta de supervisión de la SEP en el cumplimiento de los convenios de colaboración y apoyo, y de los convenios de apoyo financiero.” (ídem). En palabras más simples, algunos gobiernos estatales se “pasan de lanza” en la ministración de fondos autorizados, y la SEP no tiene capacidad de supervisión. Vaya.

La problemática endógena es más complicada. El Informe destaca que aún cuando varias universidades han modificado su normativa, sus sistemas de administración y control, así como sus registros de contabilidad y rendición de cuentas, la mayoría de éstas está en condición de transición, es decir que no todos los requisitos se cumplen a cabalidad o bien que la cadena planeación, programación, desempeño, evaluación y rendición de cuentas, mantiene eslabones débiles.

Por ejemplo: “En la evaluación de los indicadores institucionales, se ha observado que algunas no programaban metas que permitieran evaluar su contribución a la educación superior conforme a los objetivos del PIFI o el incumplimiento de las metas de algunos de los indicadores de capacidad y competitividad académica; que sus manuales de organización y procedimientos están desactualizados y sin autorización de sus Órganos de Gobierno (pág. 167). Esta nota no califica sobre el desempeño de las instituciones, sino más bien sobre el esquema de planeación-programación centrado en el alcance de metas y su descripción en indicadores. Esta forma de rendición de cuentas, subraya el Informe, sigue siendo un “área de oportunidad” relevante.

Otra observación reiterada se refiere a incumplimientos en diversas normas que regulan la administración de los organismos públicos descentralizados, categoría que, según la ley, incluye a todas las universidades públicas, incluso a las autónomas. No en todos los casos, por ejemplo, se cumple con la regla de someter a licitación pública las obras y otras adquisiciones, no siempre hay un debido control de inventarios, o no en todos los casos el registro contable permite identificar los pasivos contingentes de las instituciones.

Las auditorías de la ASF sobre las universidades públicas exclusivamente se enfocan a la revisión del ejercicio de recursos que provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir el subsidio federal y los recursos federales reasignados, es decir los fondos extraordinarios aprobados con el Congreso. Pero las auditorías superiores de los estados son competentes para la supervisión de subsidios estatales, lo que abre la posibilidad de un doble nivel de auditoría. Veremos esto la próxima semana.