Roberto Rodríguez Gómez

En el medio de la educación superior pocos números tienen el charm del indicador de cobertura. Así, el reciente informe presidencial consigna, como uno de los logros significativos del ejercicio, que en el ciclo escolar 2009-2010 se alcanzó más de 29 por ciento de cobertura. El dato fue resaltado también por el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, en rueda de prensa posterior al informe, con el señalamiento de que “el próximo año se rebasará la meta sexenal, que es de 30 por ciento” (Milenio, 02/09/ 2010).

El cuerpo del informe detalla cifras: “la cobertura en el grupo de edad de 19 a 23 años, correspondiente a la educación superior, registró 29.1 por ciento (incluye educación superior no escolarizada) en el periodo 2009-2010 contra 27.6 por ciento del periodo anterior. Con respecto al ciclo previo, se obtuvo un incremento de 11.5 por ciento en el nivel de técnico superior universitario y profesional asociado; 5.6 por ciento en el nivel licenciatura universitaria, tecnológica y normal; y 8.2 por ciento en el nivel posgrado” (Cuarto Informe de Gobierno, pág. 444).

A su vez, el anexo estadístico del informe reporta la matrícula de educación superior distribuida por régimen y nivel de estudios. La información de esa sección nos hace saber que, como gran total, el sistema de educación superior del país alcanzó un umbral próximo a los tres millones de estudiantes: dos millones 850 mil alumnos, más la matrícula en opciones de educación superior no escolarizada. Aunque este último dato no se proporciona ni en el informe ni en el anexo, puede estimarse con base en la publicación de la SEP Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, principales cifras ciclo escolar 2008-2009 (SEP, 10/ 2009). De acuerdo con la fuente, la inscripción en programas no escolarizados alcanza la cifra de 108 mil estudiantes de licenciatura.

Los casi tres millones de alumnos registrados, divididos entre el grupo poblacional de 19 a 23 años (9.9 millones de individuos a mediados de 2009, según las proyecciones de población del Conapo) da lugar a la tasa de cobertura señalada. No obstante, pese a su aparente simplicidad, el indicador de cobertura presenta múltiples aristas. Algunas de orden conceptual, otras metodológicas y otras más referidas a la calidad de los datos. Vamos por partes. En primer lugar, ¿qué representa exactamente el dato de cobertura?

A primera vista, la cobertura parecería expresar el grado de acceso al sistema. No es infrecuente la interpretación según la cual tiene cabida en las instituciones de educación superior (IES) la misma proporción de jóvenes establecida en la tasa de cobertura. Por ejemplo: “hoy una tercera parte de los jóvenes entre 19 y 23 años accede al nivel superior de enseñanza”. No es así.

El indicador de cobertura es una tasa bruta (matrícula entre población por cien). Es una medida de comparación, no de correspondencia. Contrasta dos magnitudes cuya relación de inclusión es imperfecta, simplemente porque una parte de la matrícula de educación superior tiene menos o más años que los considerados en el rango de edad utilizado como referente. Aunque no hay datos exactos al respecto, se estima que entre una quinta y una cuarta parte de la población estudiantil del nivel estaría en condición de “sub-edad” (tienen 18 años y ya están inscritos en alguna de las IES) o de “sobre-edad” (pasan de los 23 y continúan estudiando). En este sentido, es válido afirmar que la oferta atendida equivale a 29.1 por ciento de las personas de 19 a 23 años, pero no que esa proporción de jóvenes están inscritos en el sistema.

¿Por qué entonces no se utiliza una tasa neta? Por tres razones. La primera es que tal indicador resulta considerablemente más difícil de construir que la tasa bruta, pues supone información sobre la edad específica de cada estudiante inscrito en el sistema. Tómese en cuenta que la estadística de la SEP proviene del denominado “Formato 911”, instrumento que registra y concentra la información de los centros escolares a partir de cédulas cuyo llenado se encomienda a la unidad institucional responsable. El registro individual de estudiantes, profesores o programas es una tarea que ya ha comenzado, pero que aún no se generaliza. Si hoy por hoy se estimara y difundiera la tasa neta de cobertura, ésta sería necesariamente imprecisa, para peor con apariencia de exactitud.

Segunda razón, así como la tasa bruta sobreestima la cobertura institucional, la tasa neta la subestima al excluir del indicador al menos dos poblaciones: la de jóvenes rezagados en la trayectoria escolar y los estudiantes que terminaron el ciclo universitario antes del límite superior del intervalo de referencia. Tercera, el valor de la tasa neta, por definición, es inferior al de la tasa bruta, por lo tanto poco redituable políticamente.

El cálculo de cobertura tiene como denominador la proyección de la población en edad escolar. La experiencia ha demostrado, una y otra vez, que las proyecciones de población rara vez anticipan los valores censales. Hay mucha discusión al respecto, pero una cuestión es segura: la población proyectada a 2010 será cuantitativamente distinta a la que el censo de este año nos dé a conocer. No sería de extrañar el caso en que, gracias a la rectificación censal, se volviera a repetir un súbito crecimiento de la cobertura porque el denominador disminuyó su magnitud. Ya veremos.

Varias decisiones en el cálculo de cobertura utilizado por la SEP son discutibles. Primera, ¿por qué el rango de 19 a 23 años? Aparentemente hay un año perdido: el intervalo de la primaria es de seis a 11 años, el de la secundaria de 12 a 14, el de media superior de 15 a 17, ¿dónde queda entonces la población de 18 años? Segunda, ¿para qué agregar la población de posgrado, si en este nivel casi nadie cae en el rango de edad del indicador? Tercera, si se añade la matrícula en las opciones no escolarizadas, ¿por qué no se desglosa la información del rubro?