Roberto Rodríguez Gómez

El análisis de los datos que muestran las transformaciones del sistema nacional de educación superior en la reciente década permite dar cuenta de avances en distintos aspectos. Algunas mejoras significativas están relacionadas con el crecimiento del sistema, su distribución territorial y con una cierta diversificación de la oferta. También reportan datos positivos rubros tales como el perfil de la planta docente, la producción científica, los procesos de aseguramiento de calidad de los programas, y el desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Las encuestas que miden el grado de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas, ubican a las universidades entre las pocas organizaciones que merecen su aprobación y confianza.

Contra ese telón de fondo positivo hay varios puntos de claroscuro. El primero, tal vez el principal, la heterogeneidad que prevalece entre los subsistemas y entre las instituciones. El avance no ha sido parejo, quizá por la dinámica de competitividad que ha impregnado la política sectorial en la década. No menos importante, las dificultades de operar transformaciones en escenarios resistentes al cambio, lo que ha provocado la persistencia de rezagos. Por ejemplo, las políticas de admisión estudiantil, los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; el régimen de jubilación y pensiones; las dinámicas de cambio curricular, entre muchos otros.

Al mismo tiempo que se reconocen adelantos en la marcha del sistema, también importa, por otra parte, identificar a los protagonistas. El gobierno federal es uno pero, ni de lejos, el más relevante o principal. En la pasada década el sistema ha mejorado gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones; los gobiernos estatales —no todos, por cierto—; los legisladores; las comunidades académicas; los estudiantes y la sociedad en general. La ANUIES y otras organizaciones universitarias han cumplido, asimismo, una tarea de articulación y de cadena transmisora bidireccional cuya importancia no debe subestimarse.

Datos: del año 2000 al presente se agregaron al sistema de educación superior prácticamente un millón de estudiantes, lo que representa la generación de casi cien mil nuevas plazas escolares por año en los sistemas público y privado. El crecimiento posibilitó transitar de la cuota de cobertura de 22 por ciento con que cerró el siglo pasado a la actual de 29 por ciento. La calidad de los programas se ha impulsado mediante diversos mecanismos; de ellos destaca la evaluación a cargo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la acreditación que llevan a cabo los organismos autorizados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes). Al día de hoy, más de dos terceras partes de todos los estudiantes en el sistema público de educación superior están inscritos en programas evaluados favorablemente por los CIEES y/o acreditados por las agencias que coordina el Copaes.

Entre los indicadores de mejora destaca, por su importancia, el cambio del perfil académico de la planta de profesores en las instituciones. En la actualidad dos terceras partes del profesorado universitario de tiempo completo cuentan con posgrado o están inscritos en un programa de ese nivel. Hace diez años acaso 40 por ciento de la planta estaba en esa condición.

Sin menoscabo de lo que se ha logrado en conjunto, también hay que referirse a los desafíos por enfrentar en el futuro inmediato y a largo plazo. Muchos de ellos se derivan de las tendencias de crecimiento y diversificación de los recientes años. Es claro que hoy contamos con un mejor sistema, pero también con uno mucho más complejo. Así, el primer reto es multidimensional: mantener la tendencia de crecimiento —en la ANUIES se está planteando un horizonte de cobertura de 50 por ciento hacia 2020—, consolidar todos los tipos institucionales y construir un mecanismo mucho más eficiente de coordinación que incluya tanto a las instituciones públicas como a las particulares.

Aunado a lo anterior, resulta necesario deliberar y decidir las reglas que deben gobernar el sistema. Las normas actuales se han elaborado sobre la marcha, algunas ya resultan obsoletas y hay varios procesos, por ejemplo los vinculados a la evaluación, que tienen deficiencias normativas relevantes. El crecimiento también ha implicado efectos perniciosos de burocratización. Entre las comunidades académicas se repite la queja de demasiada administración, demasiadas regulaciones específicas y demasiados informes para llevar a cabo las tareas sustantivas. Se necesita simplificar el procedimiento administrativo. La administración debe estar al servicio de la academia, y la protección del tiempo académico debe ser una prioridad para mejorar el panorama.

Renovar la planta académica es también un escenario y una prioridad para el futuro de mediano y largo plazos. Las instituciones requieren integrar planteles en que exista un balance adecuado de juventud y experiencia. Se necesitan nuevos maestros e investigadores, pero también aprovechar la experiencia de los académicos de mayor antigüedad. Al final, el mayor problema: ¿cómo sostener una dinámica de crecimiento y desarrollo cualitativo que repercuta en las oportunidades de empleo de los egresados y que contribuya a la recuperación del crecimiento y el empleo en el país?

La pregunta no es simple y no tiene una respuesta única. Lo más importante, sin embargo, es entender y asimilar que el sistema de educación superior e investigación científica es un componente de un esquema de desarrollo más amplio. Para que cumpla a cabalidad su misión y sus objetivos, se requiere el acompañamiento de otras políticas económicas y sociales.

En todo ello, el factor financiero es crucial. Acceder a una nueva etapa de crecimiento y desarrollo cualitativo implica, necesariamente, una inversión pública de gran envergadura. Pero es condición necesaria para alcanzar metas y objetivos a la altura del reto.