Roberto Rodríguez Gómez

Luego de publicar el “Memorándum a Manuel Gil Antón” (Campus Milenio 390, 14/10/2010), donde se presenta una estimación de la cobertura de educación superior basada en las cifras disponibles de matrícula y población, recibí, aparte de la réplica de Manuel publicada en el 391 del suplemento, varios correos con aportaciones y comentarios, principalmente sobre los datos incluidos en la colaboración.

Aparte de agradecer la siempre grata correspondencia, me parece de interés traer a este espacio un par de comentarios. El primero es de Felipe Martínez Rizo, anterior director general del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Menciona en su correo la importancia de no perder de vista el numerador de la tasa de cobertura, es decir, la matrícula del nivel. Él sostiene la hipótesis de una probable sobrenumeración de la población escolar en los años setenta, lo que provocaría, primero, un efecto de sobrestimación del crecimiento en esa periodo y, segundo, la ya advertida caída de cobertura en la segunda mitad de los años ochenta y la primera mitad de los noventa.

No es fácil confirmar la hipótesis, porque no hay cifras alternativas a las estadísticas de la SEP y la ANUIES. Sin embargo, Felipe realizó un ejercicio de consistencia interna de datos publicado en 1992. El texto “La sobrenumeración de la matrícula en las instituciones de educación superior”, capítulo de un libro compilado por Alfredo Fernández y Laura Santini (Dos décadas de planeación de la educación superior, México, ANUIES), estudia el comportamiento de la matrícula de las universidades públicas de 1986 a 1990.

Martínez Rizo explora la serie de población escolar reportada en los anuarios estadísticos de la ANUIES y calcula dos indicadores para probar su hipótesis: la proporción entre la matrícula total de 1990 y los datos de primer ingreso acumulados en 1986-1990; y la eficiencia terminal de las UPES medida como la proporción de estudiantes egresados en 1990 contra el primer ingreso de 1986.

Los resultados son reveladores. Respecto del primer indicador, que debería registrar como valor máximo la unidad en caso que no hubiera deserción en el ciclo, el estudio encuentra varias instituciones en que el dato nominal supera ese umbral. La Universidad de Guadalajara (UdeG), con un valor de 2.15, la BUAP con 1.49, la Unison y la UAM con 1.34 en ambos casos, la Autónoma del Estado de Hidalgo con 1.30, y varias más.

La revisión de las eficiencias terminales descubre, además, casos en que el indicador es cercano o superior a 100 por ciento: la Autónoma de Chiapas, 97 por ciento; la Universidad de Guadalajara, 98.8 por ciento; la Autónoma de Tamaulipas, 105.5 por ciento, y la Autónoma del Estado de Hidalgo, 148.2 por ciento, nada menos.

Ambos análisis y su intersección tienden a confirmar la posibilidad de reportes institucionales con exceso de matrícula. Martínez Rizo concluye que la sobrenumeración se prueba en varias universidades, si bien no es factible fijar su magnitud en el conjunto. Atribuye la causa del fenómeno a la ausencia de estándares para delimitar los subconjuntos de alumnos, a una cierta laxitud o cambio de criterios en el registro escolar, así como a la imposibilidad de llevar a cabo análisis de trayectorias mediante seguimiento de cohortes a lo largo del ciclo.

Aunque Felipe no lo menciona en su trabajo, varios especialistas aventuraban hipótesis más bien políticas sobre el mismo fenómeno, en particular la ventaja de abultar la matrícula como elemento de negociación del presupuesto. A casi veinte años de distancia, la calidad de los datos continúa siendo tema de discusión y estamos lejos del parnaso de contar con datos registrales, es decir, conteos identificados alumno por alumno. ¿Puede tenerse un indicador de cobertura confiable si el volumen de población escolar es impreciso?

El segundo comentario viene de Héctor Ramírez del Razo, economista de la UNAM y perito en datos educativos. Como quien da una pista, sugiere: “¿por qué no revisas los datos IndiSEP? Son distintos a los tuyos y también es una fuente oficial”.

Menuda sorpresa. El IndiSEP, que no es otra cosa que el sistema de indicadores de la SEP, ofrece datos diferentes a los reportados en informes presidenciales. Para el ciclo escolar 2005-2006, una cobertura de 23.7 por ciento; 24.3 en 2006-2007; 25.0 en 2007-2008, y 25.6 en 2008-2009. La base estadística del caso suma la matrícula de las licenciaturas de educación normal, universitaria y tecnológica, no incluye el posgrado ni la educación superior a distancia, y genera el indicador con base en la serie demográfica conciliada por el INEGI y el Conapo en 2007.

El dato presidencial de cobertura agrega a la matrícula los casi 200 mil alumnos de posgrado y los más de 100 mil de educación superior a distancia. No obstante, el protocolo del Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos Mexicanos, coproducido por la SEP e el INEE en 2006 y con créditos en portada para Reyes Tamez Guerra, Leonel Zúñiga Molina y Felipe Martínez Rizo, en el cual se basan los cálculos IndiSEP, indica cómo se debe calcular la tasa bruta de escolaridad del nivel: matrícula escolarizada, sin incluir posgrado, referida al grupo de población de 18 a 22 años. Como alternativa el protocolo, sugiere una tasa de cobertura con posgrado, pero referida al intervalo de 18 a 23 años.

¿Entonces qué? Una matrícula posiblemente inflada, un dato de población conciliado que sólo ellos tienen, un manual de indicadores que no se sigue, varios datos oficiales, etcétera. Más claro, un estanque.