Roberto Rodríguez Gómez

En marzo de 2010 la Comisión Europea, órgano encargado de generar las políticas generales de la Unión Europea (UE), emitió el documento Europa 2020: una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que propone una vía para que la UE consiga superar las adversidades de la crisis de 2008, desarrollar una pauta de crecimiento económico sostenible y remontar los deteriorados niveles de empleo que hoy se experimentan en la región.

La iniciativa se propone reemplazar a la anterior Estrategia de Lisboa, mecanismo aprobado en 2000 con la finalidad de hacer de la Unión Europea “la economía más competitiva del mundo y alcanzar el pleno empleo antes de 2010”. No obstante, en varios aspectos, principalmente en los propósitos, se advierten líneas de continuidad con ésta.

En el momento de su lanzamiento, la Estrategia de Lisboa-2000 generó altas expectativas. Se anunciaba como el esquema para desarrollar la economía y la sociedad del conocimiento en la región mediante la fórmula de entrelazar los sectores industrial, académico y gubernamental: la “triple hélice”. Se buscó también articular el proyecto con otras dinámicas emprendidas en la década: el Espacio Europeo de la Educación Superior, el Espacio Europeo de la Investigación Científica, y la Europa de las Competencias.

Pero la complejidad de la estrategia, aunada al hecho de una UE todavía en proceso de configuración —en el periodo pasó de 15 a 27 países integrantes—, restó posibilidades de alcanzar las metas y objetivos propuestos. En 2005 la Estrategia de Lisboa se relanzó con un nuevo enfoque de prioridades (empleo y crecimiento) y un renovado esquema de gobernanza. Con todo, al cierre de la década, aún antes de dejarse sentir a plenitud los efectos de la crisis, era evidente que las metas fundamentales quedarían fuera de alcance.

Vencido el plazo de Lisboa-2000, las autoridades de la UE determinaron abrir un nuevo proceso, para lo cual, además de elaborar una evaluación formal de la estrategia, se realizó una consulta en la cual participaron más de mil 500 expertos entre académicos, funcionarios, y representantes del empresariado, así como de organizaciones políticas y civiles.

Tal es el contexto y antecedentes de Europa 2020.

El documento de la comisión propone tres prioridades: la primera apela a la necesidad de conseguir un “crecimiento inteligente”, es decir, el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. La segunda enfatiza el “crecimiento sostenible”, que se refleje en “la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea verde y competitiva”. La tercera prioridad, “crecimiento integrador”, sugiere fomentar una economía con un alto nivel de empleo y cohesión social y territorial.

Esta propuesta se complementa con el enunciado de siete iniciativas emblemáticas que articularían los propósitos generales: “unión por la innovación”, “juventud en movimiento”, “una agenda digital para Europa”, “una Europa que utilice eficazmente los recursos”, “una política industrial para la era de la mundialización”, “agenda de nuevas cualificaciones y empleos” y “plataforma europea contra la pobreza”. Sin necesidad de describir cada una de estas iniciativas, es fácil advertir que en ellas los sistemas de educación superior, investigación científica y desarrollo tecnológico están llamados a desempeñar un papel de primera importancia.

Posteriormente, el 17 de junio de este año, el Consejo de Europa, que reúne a todos los jefes de Estado y de gobierno de la UE, aprobó y publicó el pronunciamiento Una nueva estrategia europea para el empleo y el crecimiento, lo que asegura que la iniciativa Europa 2020 y los proyectos asociados tendrán plenas condiciones de realización.

Del acuerdo suscrito en el consejo son de especial interés las metas. En lo que se refiere al empleo, se señala: “elevar la tasa de empleo a 75 por ciento de hombres y mujeres, incluyendo una gran participación de jóvenes, trabajadores mayores y trabajadores insuficientemente calificados, con una mejor integración de los inmigrantes legales”.

Se reitera la meta de Lisboa-2000 de alcanzar en la UE un promedio de 3 por ciento de gasto público y privado en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Se añade que “la comisión elaborará un indicador que refleje la intensidad de I+D+I”.

Se incorpora la meta medioambiental acordada por la UE en 2007: “recortar en 20 por ciento las emisiones de dióxido de carbono, en comparación con los niveles de 1990, aumentar la proporción de energía renovable en el consumo final de energía —para que que suponga 20 por ciento de éste— y reducir el consumo total de energía en 20 por ciento”.

Se propone una meta educativa de nuevo cuño: “reducir la deserción escolar a menos de 10 por ciento, e incrementar la proporción de personas de 30 a 34 años con educación superior cuando menos a 40 por ciento”. Por último, se plantea la meta de combatir la pobreza para que, en 2020, haya 20 millones de pobres menos que en la actualidad.

Como se indica en el acuerdo del consejo, las metas citadas son básicas, pero hay muchas más. Falta por definir, además, la estructura operativa del proceso, los compromisos nacionales y la hoja de ruta por la cual transitará la UE para alcanzar lo propuesto.