Roberto Rodríguez Gómez

Inesperado. Tal el resultado del proceso de sucesión de rector en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Como se recordará, en la UABC la transición se inició con el registro de una veintena de precandidaturas, de las cuales la Junta de Gobierno (JG) eligió sólo cuatro por considerar que se apegaban al perfil de experiencia directiva y méritos académicos convenido por el propio colegiado.

De los cuatro candidatos que alcanzaron la fase finalista, esto es Felipe Cuamea Velázquez, Juan Manuel Ocegueda Hernández, Juan José Sevilla García y Benjamín Valdez Salas, los dos primeros formaban parte del staff del rector Gabriel Estrella Valenzuela. Cuamea en calidad de Secretario General de la UABC, y Ocegueda jefe de la Unidad de Presupuesto y Finanzas. Valdez Salas fungía como director del Instituto de Ingeniería, y Juan José Sevilla, académico del Instituto de Ingeniería, cuenta, entre otros antecedentes administrativos, haber sido vicerrector de la Zona Costa durante la adminstración del rector Luis Javier Garavito Elías (1994-1998). Nota: Garavito participa en la actual JG.

Todos los candidatos en la contienda forman parte del establishment político de la UABC, lo que no podría ser de otro modo dado el perfil fijado por la JG. Sin embargo hay diferencias. Tanto Cuamea como Ocegueda, simplemente por haber formado parte de la administración central saliente, han sido identificados con la opción de continuidad del régimen que concluye. La misma condición se atribuyó, en su momento, al rector Estrella por haber sido Secretario General del anterior titular de la rectoría, el doctor Alejandro Mungaray Lagarda, rector en el periodo 2002-2005, actualmente Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Baja California y también integrante de la JG.

La aparente o real dictomía entre la posibilidad continuista, al cabo centrada en el candidato Cuamea, y la opción de renovación del grupo gobernante, atribuida al candidato Sevilla, polarizó en la JG la elección de rector. Como suele ocurrir en estos procesos, los integrantes de la Junta (gobernadores es el término adecuado), se reunieron, deliberaron, asumieron postura, votaron, volvieron a deliberar, etcétera, y el “empate técnico”, seis votos para el candidato Cuamea y cinco para el candidato Sevilla, no pudo ser superado. Como la normativa de la UABC respecto a la elección de rector determina que la votación mínima debe ser de siete votos favorables a algunos de los candidatos, la prevalencia de las votaciones en el sentido indicado llevo a la JG a decidir la imporsibilidad de nombrar un ganador.

A partir de este punto, ocurrido el pasado domingo, procedió lo que la ley universitaria determina: designar, en calidad de interino y con la encomienda de reponer el proceso de designación a través de la JG, al secretario general de la institución. El funcionario encargado, quien por cierto ya tomó posesión, es el propio Felipe Cuamea, es decir el candidato con el mayor número de votos en la contienda. Se encuentra, por lo tanto, frente a la grave decisión de iniciar un nuevo proceso en que, lo permita o lo impida la interpretación normativa correspondiente, no debería de formar parte.

Si bien la actuación de los integrantes de la JG en el proceso fue éticamente consecuente, deja a la institución en un escenario cuando menos difícil. ¿Cómo evitar, por ejemplo, que en la reposición de la sucesión se involucren factores que responden a la escena política local?; ¿qué autoridad —el rector entrante, el presidente de la JG, el Consejo Universitario— califica para conducir el nuevo proceso?

Habrá que prestar atención al desenlace para valorar en qué sentido y hasta que punto la experiencia de la UABC marca pauta en la discusión de las formas de gobierno más adecuadas a las universidades autónomas. ¿El mecanismo de Junta de Gobierno como gran elector está agotado o mantiene su capacidad como eje de la gobernabilidad institucional? Esta, entre otras cuestiones, se juega en el proceso bajacaliforniano.

También conviene advertir que el proceso de la UABC, todavía sin conclusión, se agrega a otras problemáticas universitarias recientes que se relacionan directamente con el tema de la autonomía y la gobernabilidad universitaria en escenarios en que los poderes locales actúan como un factor desequilibrante. Es el caso de la Universidad de Guadalajara y su reclamo al gobierno del Estado para que entregue los recursos económicos autorizados, y es también el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Durango en la que, como es conocido, el legislativo estatal procedió a reformar la ley orgánica de la institución, en pleno proceso sucesorio, para impedir la relección del rector. Hoy la UJAD tiene un rector destituido pero con amplia legitimidad en la comunidad universitaria, y otro designado a través de la norma reformada, pero sin condiciones plenas de gobierno. En este caso, es lo más probable, la Suprema Corte dirá la última palabra.

Entre las novedades que acompañan al caso UABC hay una realmente inédita: la publicación en un portal electrónico (el del Observatorio Académico Universitario) de dos comunicados de integrantes de la JG en que explican su actuación en el proceso. El primero se titula “Las razones de mi voto en la Junta de Gobierno de la UABC” y lo suscribe el doctor Leonel Cota Araiza (http://red-academica.net/observatorio-academico/?p=1520). El segundo es de la autoría de Luis Llórens Báez, se titula “Sobre mi participación en la sucesión rector 2010 en la UABC” (http://red-academica.net/observatorio-academico/?p=1522). Para cualquier estudioso interesado en la temática del gobierno universitario son textos realmente de colección.