Roberto Rodríguez Gómez

A primera vista, lo más llamativo del sistema de educación superior de la República de la India es su tamaño. Al presente están matriculados en instituciones del nivel más de diez millones de estudiantes, de los cuales el 42 por ciento son mujeres y poco más de la mitad están inscritos en IES privadas. Más impresionante, sin embargo, es el indicador referido al ritmo de expansión del sistema en las últimas décadas. Hacia 1990 la población escolar en universidades, instituciones tecnológicas y otras IES apenas superaba el umbral de 4.5 millones de plazas. La duplicación del sistema en apenas quince años obedece a varios factores, de los que sobresale la reciente apertura a la inversión privada en el sector.

En 2005-2006 habían en la India más de 18 mil IES, de las cuales la gran mayoría (17,625) instituciones públicas o privadas con categoría de "colleges" o escuelas profesionales, 217 universidades estatales, 20 universidades centrales, 10 universidades privadas, 102 IES públicas en trámite de reconocimiento como universidades y 13 instituciones "de importancia nacional", que son centros de investigación y docencia centrados en alta tecnología, ciencias de la salud y matemáticas. Además, en ese país operan dos de las mayores instituciones universitarias de educación a distancia: la Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi, la mayor universidad del mundo con 1.2 millones de inscritos, y la Universidad Abierta Doctor Ambedkar, con más de 450 mil alumnos.

Si bien la India ha logrado avanzar en el desarrollo de un sistema de educación superior, ciencia y tecnología de corte moderno, aún prevalecen insuficiencias importantes. En primer lugar, pese al sostenido esfuerzo de expansión, la cobertura alcanzada apenas representa al doce por ciento del grupo de edad relevante. En segundo, la proporción de gasto público en educación superior registra un nivel significativamente inferior a los estándares internacionales con 0.33 por ciento del Producto Nacional Bruto. En tercer lugar, una gran heterogeneidad cualitativa tanto en el segmento público como en el privado.

Sobre este último punto, en India coexisten instituciones de calidad reconocida a nivel global, por ejemplo el Instituto Tecnológico de la India (privado), clasificado por el suplemento Times Higher Education como el segundo del mundo en su especialidad después del MIT, con una gran cantidad de IES de calidad cuestionable. Asimismo contrasta la prioridad concedida a las universidades centrales y las instituciones de importancia nacional, financiadas exclusivamente con dinero federal, con la escasez de recursos en las universidades estatales y el resto de las IES públicas, sostenidas con fondos concurrentes federación-estados y a través de colegiaturas escolares.

Considerando el rasgo de financiamiento-calidad, la prioridad es concedida a un número acotado de universidades públicas de carácter federal, con altos estándares de calidad y un elevado grado de selectividad académica y consecuentemente social. Para enfrentar los efectos de desigualdad que produce el esquema se ha establecido un sistema de becas que busca compensar el costo de exclusión social, y un mecanismo para la distribución de recursos concursables en las universidades públicas con proyectos de mejora.

En India las funciones de coordinación universitaria, supervisión de la calidad académica, así como la distribución de los fondos concursables, recaen en la Comisión Universitaria de Aportaciones (University Grants Commission, UGC), entidad gubernamental surgida en los años cincuenta con la misión de velar por la calidad académica, asegurar la coordinación entre el gobierno y las IES, y apoyar el desarrollo regional de la educación superior. Con el tiempo, la UGC ha asumido, además, tareas de regulación (autorización oficial de instituciones y programas) y de control académico, mediante la emisión de reglas para la operación de los programas y el otorgamiento de títulos y grados.

La UGC consta de una presidencia (Chairman), una vicepresidencia (Vice-Chairman) y una decena de entidades temáticas (buroes), las que son, en cada caso, presididos por personalidades designadas por el Gobierno Central, generalmente ex rectores. Además consta de una estructura burocrática que se encarga de tareas rutinarias de supervisión y de apoyo al trabajo de los buroes. Estos se encargan de coordinar y promover políticas para los distintos segmentos del sistema (universidades centrales, instituciones tecnológicas, centros de investigación, colegios autónomos, IES privadas), así como de impulsar iniciativas tales como la acreditación, la innovación y la reforma curricular. Un reporte detallado de la estructura y operación de la UGC puede consultarse en el trabajo de Shiva Mishra, "Funding by University Grants Commission", CCS Working Paper, núm. 71 (2003).

No obstante que la UGC ha establecido seis oficinas regionales y que ha desarrollado una perspectiva de trabajo favorable a la regionalización, una crítica recurrente a su forma de operación radica en su carácter de instancia de corte centralista y excesivamente burocrática. Mientras que el presupuesto público sectorial ha seguido una dinámica de descentralización, la toma de decisiones y los procesos de supervisión de calidad se mantienen el la lógica de la distribución centro-periferia. Aunado a lo anterior, la UGC como tal no ha conseguido coordinar adecuadamente las instancias de acreditación existentes. En la actualidad operan, en forma independiente, dos agencias: el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y el Panel Nacional de Acreditación.

Por ello, desde hace algunos años se ha propuesto la sustitución de la UGC por un Consejo Nacional de Educación Superior, organizado en torno a consejos estatales, con funciones renovadas de coordinación del financiamiento público y con atribuciones para regular la acreditación. Véase al respecto el trabajo de Sudeep Banerjee "How to expand student places for millions", Federations, junio de 2007.