Roberto Rodríguez Gómez

El tema de una posible reforma de la UNAM ha estado en el tapete de la discusión desde la vuelta a las instalaciones tras el conflicto de 1999-2000. Como se recordará, ante la virtual imposibilidad de pactar con un CGH radicalizado y polarizado, la solución de la huelga estudiantil, el rector de la Fuente buscó el respaldo de la comunidad universitaria mediante un plebiscito que ofrecía, entre otras cosas, la pronta celebración de un congreso en que se discutirían y resolverían los temas que, al parecer, habían sublevado al estudiantado: la norma de cuotas escolares, los criterios del pase reglamentado y la participación de la UNAM en el concurso de selección administrado por el CENEVAL. La consulta plebiscitaria fue todo un éxito dadas las condiciones de dispersión en que se encontraba la comunidad universitaria y también por la respuesta mayoritariamente afirmativa de quienes suscribieron la iniciativa del rector. Junto a ello, el rector convocó a múltiples reuniones con los grupos académicos de la Universidad en que hubo ocasión para discutir la coyuntura del conflicto y algunos otros problemas que convendría registrar en la eventualidad de una reforma universitaria surgida del anticipado congreso.

Sobre esta base, y una vez restablecida la cotidianidad académica en la máxima casa de estudios del país, las autoridades de la UNAM reiteraron en varias oportunidades la posibilidad del congreso y, en la práctica, sujetaron las posibilidades de reforma de la institución a su celebración. Tras un largo proceso de preparación, en febrero y marzo de 2002 se llevaron a cabo elecciones y sorteos para integrar en parte la Comisión Especial para el Congreso Universitario (CECU). En esta comisión recae la encomienda de diseñar la forma de organización del congreso universitario y su agenda temática.

Ese es el programa a la vista, sin embargo no todo es miel sobre hojuelas. El 25 de febrero los medios reportaron incidentes de violencia en la jornada electoral; en varias dependencias universitarias había solo un aspirante del sector académico y en algunas escuelas no se presentaron candidatos a estudiantes. Paradójicamente, los brotes de conflicto restaron visibilidad a la amplia abstención registrada. Posteriormente, en julio de este año, tuvieron lugar una serie de mesas redondas para la discusión de temas propuestos por la CECU. Aunque lo discutido en este contexto tuvo difusión en los medios, de ninguna manera podría afirmarse que abrió el debate entre los universitarios o que animó el interés para la reforma de la institución.

Así las cosas, se abre un nuevo escenario en la trayectoria del congreso. En lo inmediato: ¿se insistirá en el método y la ruta programada para la organización del congreso o se explorarán otras posibilidades? Para el mediano plazo, el desafío principal consiste en valorar la viabilidad misma del congreso tal como esta propuesto. A pesar de la imagen pública que proyecta la UNAM, ha sido evidente el escaso interés de la propuesta en la comunidad universitaria, cuando menos hasta el momento. También hay a la vista riesgos de inestabilidad y conflicto, que seguramente entran en los cálculos políticos de la rectoría.

El tema de fondo, sin embargo, es la necesidad de reformar la UNAM, para lo cual el congreso operaría como un medio. Por supuesto, hay quienes dudan que esta universidad y quienes se opondrían a cualquier intento de reforma. Hay también quienes afirman que la transformación de la UNAM debiera ser más amplia que la sola revisión de su cuerpo jurídico. Y con razón, ¿qué sentido tiene actualizar la normativa universitaria, si no hay antes una visión clara y compartida acerca de los problemas y las alternativas de solución a los que una reforma jurídica respondería? No basta con decir que los instrumentos legales de la universidad son anacrónicos, hace falta contar con un proyecto académico y político integral que justifique su reformulación.

En el diseño del congreso, la CECU tiene la responsabilidad de enfrentar este problema y ofrecer como respuesta una agenda temática. A la vista de los hechos, el procedimiento parece insuficiente, por que no ha suscitado el debate sobres los temas académicos, políticos, laborales y estudiantiles que tendrían que ser el meollo de la reforma. Tampoco se cuenta con un diagnóstico objetivo y autocrítico de los problemas de la universidad. Su lugar ha sido ocupado por medios publicitarios que ponderan las grandes aportaciones de nuestra casa de estudios y de su carácter estratégico en la vida nacional. No es criticable que la universidad difunda sus logros y fortalezas sobre todo en un clima político desfavorable a las instituciones públicas, y ante un imaginario social que apenas comienza a restablecer su confianza en la institución tras la crisis del noventa y nueve. Pero, esa estrategia de comunicación social ha ayudado poco a crear un clima de debate crítico el que se requiere al impulsar una reforma.

Quizás resulte difícil a la rectoría y al Consejo Universitario la decisión de desandar los pasos dados hacia el congreso y tal vez no sería lo más prudente en la ecuación política de la UNAM. Se apunta en el horizonte, sin embargo, una buena oportunidad: antes las dificultades e inconvenientes que ha mostrado esta la ruta, discutir hoy, bajo las circunstancias de hoy, los medios para abrir a la comunidad académica la agenda de la reforma. Se trata de construir foros de diálogo y sistematizar sus resultados; divulgar las estadísticas, estudios y diagnósticos que existen, para su discusión y análisis; proponer temas de debate y recoger opiniones. Todo ello puede hacerse como un proceso simultáneo a la organización del congreso y para nutrirlo de contenido. El tema es la reforma de la UNAM.