Roberto Rodríguez Gómez

A más tardar el 15 de noviembre la Secretaría de Hacienda entregará al Congreso la iniciativa de presupuesto 2003. A estas alturas, las dependencias del gobierno, los entes públicos autónomos y otras instancias de la administración pública, deben estar negociando la parte que les toca. No hace falta ser adivino para imaginar lo tenso de la situación; seguramente el proyecto de Hacienda es limitado en los renglones de gasto social, entre ellos el de educación pública. Y es que las finanzas del Estado no andan nada bien: la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo no rindió los frutos esperados, el crecimiento del PIB no se ha recobrado, las reformas de los sectores de electricidad, telecomunicaciones y petroquímica no se lograron y, para empeorar las cosas, el contexto internacional no augura una recuperación a corto plazo.

Aunque se trate de un año electoral, se ve difícil que en 2003 repunte el nivel de gasto público, precisamente por la impopularidad de posibles iniciativas como el aumento del IVA, el encarecimiento de los servicios públicos o nuevos impuestos. Incrementar el nivel de endeudamiento o acrecentar el déficit son opciones contrarias a la política económica de Hacienda y el Banco de México. Todo parece sugerir, en consecuencia, un presupuesto bastante contenido.

Aunque el presidente Vicente Fox ha dicho y reiterado que la educación es la prioridad de su gobierno, las buenas intenciones no han tenido reflejo donde cuentan más, en el gasto. Tanto en 2001 como en 2002 la propuesta de Hacienda tuvo que ser rectificada al alza por los legisladores, ya que el monto proyectado era inferior, en ambos casos, al del año previo.

Si para el sector educativo en general el panorama se presenta difícil, más para el sistema de educación superior y todavía más, si se puede, para las universidades autónomas. El año pasado la SHCP entregó al Congreso una propuesta de gasto educativo de 258.7 mil millones de pesos; de ellos 32 mil 419 millones para educación superior, 2 mil 698 millones para posgrado y 9 mil 315 millones para ciencia y tecnología. Posteriormente, los legisladores aprobaron, entre reasignaciones y aumentos, casi 15 mil millones de pesos extra. De ese monto se destinaron 4 mil millones de pesos a las universidades estatales, 500 millones a la UNAM, 300 millones a la UAM y 200 millones al IPN. Además, se autorizaron otros mil millones de pesos al presupuesto de ciencia y tecnología. Al cabo, el sector de educación superior obtuvo recursos por un total de 48 mil 284 millones, cifra que suma el subsidio directo aprobado por el Congreso, más participaciones de los estados, más recursos extraordinarios aprobados a la SEP para su distribución a través de programas, y más la porción del presupuesto de ciencia y tecnología que se transfiere a las IES.

Aunque el presupuesto de educación superior aprobado representaba el 0.78% del PIB estimado para 2002, y por lo tanto una proporción ligeramente superior a la de cualquier año de la administración del presidente Ernesto Zedillo, hubo reclamos por insuficiencia. Quejas con razón, pues los montos a ejercer por las instituciones cubrían apenas sueldos y servicios, mientras que el gasto de inversión quedaba sujeto, en su mayor parte, a la distribución de subsidios extraordinarios no regularizables. Además, a lo largo del año, el presupuesto fue mermado por los recortes de Hacienda. Estos recortes suman ya entre 10% y 15% del gasto original asignado. Mención aparte merece el vergonzoso caso de las universidades de Querétaro y Morelos, en donde los gobernadores “del cambio” decidieron retener partidas autorizadas (Querétaro) o determinar reducciones (Morelos).

El dinero no alcanza en la educación superior pública por varias razones. La primera, porque el sistema sigue creciendo. Entre 2001 y 2002 se añadieron cerca de cien mil estudiantes en las IES públicas establecidas y en las de nueva creación, lo que implicó, antes de los recortes, un descenso del gasto por alumno de 32,441 pesos a 32,104 pesos. En segundo lugar, porque los costos unitarios aumentan al subir el precio de salarios, pensiones e insumos. En condiciones de austeridad, se tiende a castigar el denominado “presupuesto operativo” en beneficio de los salarios. Pero ocurre que ese presupuesto se ocupa en construcciones, equipamiento, renovación de acervos, compra de reactivos, etc., es decir los recursos materiales mínimos para que una universidad, digna de ese nombre, pueda operar con decoro.

El año pasado el cabildeo de los rectores en la Cámara de Diputados rindió buenos frutos, lograron sensibilizar a los legisladores acerca de la importancia de las universidades para el país, y consiguieron más dinero. En contrapartida accedieron a reportar ante la Fiscalía Superior de la Federación, y ante el órgano competente en los estados, la distribución de los recursos acreditados. Por su parte, la ANUIES y la SESIC han avanzado en el diseño de un nuevo esquema para la distribución del subsidio, basado en resultados académicos e indicadores de gestión. Es decir, las universidades están trabajando y han cumplido sus compromisos. Pese a ello, el riesgo de un presupuesto austero para 2003 es inminente, pone en cuestión la viabilidad de las metas establecidas por la SEP para el sector y desalienta las posibilidades de mejora de la calidad en las instituciones.

Cuestionar la falta de recursos apelando sólo a la incongruencia entre discurso y práctica del Ejecutivo no es suficiente; hay que reflexionar sobre alternativas y proponer opciones realistas y políticamente viables. Pero, lo que hoy se pretende ahorrar, seguramente será más caro mañana.