Roberto Rodríguez Gómez

El 4 de noviembre el rector de la UNAM presentó ante la Mesa Central de Partidos, que se reúne en la Secretaría de Gobernación, el documento titulado “Principios, convergencias y coincidencias hacia una política hacendaria de Estado. Primera etapa, noviembre de 2002”. Recibieron el documento el secretario de gobernación, la presidenta en turno de la Cámara de Diputados y los presidentes de los tres partidos con mayor representación parlamentaria. En la elaboración del texto, cuyo contenido ha sido ampliamente comentado en la prensa nacional, participaron académicos de la UNAM, de distintas disciplinas, así como grupos técnicos de los partidos PAN, PRI y PRD.

El documento, como lo indica su título, es el producto de un esfuerzo de sistematización y síntesis de las posturas y líneas programáticas de los partidos en materia hacendaria. Se establecen las coincidencias y convergencias (coincidencias parciales) de los partidos alrededor de cuatro temas generales: federalismo hacendario, gasto público, ingresos públicos y deuda pública. Más que una propuesta innovadora, el documento trata de acotar una plataforma común, con base en la cual se faciliten acuerdos entre los partidos, lo que en principio mejoraría las posibilidades de negociación entre los poderes ejecutivo y legislativo en torno al siempre delicado tema de la política de hacienda pública.

Visto en perspectiva histórica, que la UNAM participe o se pronuncie en temas de interés nacional no tiene nada de nuevo, forma parte de sus funciones orgánicas. Tampoco es novedad que la Universidad Nacional desempeñe un papel en la promoción del debate político republicano. Lo nuevo en todo caso es el contexto en que ocurre este ejercicio: la rectoría de la UNAM no está políticamente alineada al poder ejecutivo federal y la competencia entre partidos tiene un peso real y fundamental en la definición de las rutas de gobierno.

Algunos analistas han interpretado el papel de la Universidad en el proceso de convergencia comentado acentuando el papel protagonista del rector y especulando acerca de su futuro político personal. Pero las premisas para acercar tales especulaciones al cálculo político racional no están dadas, ni parecen ser lo más importante en la coyuntura. El sentido de estos hechos radica más bien en otras dimensiones de la contienda nacional. Se demuestra, en primer lugar, que para algunas corrientes de los tres partidos, lo que no necesariamente implica el consenso de sus fuerzas, la Universidad es un interlocutor legítimo para discernir convergencias y para debatir diferencias. Se demuestra también que algunos actores políticos en el Estado aprecian como válida la intermediación de la Universidad para procesar y gestionar iniciativas trascendentes. Se demuestra, por último, que la rectoría universitaria tiene capacidad de convocatoria y maniobra en un terreno político frágil y complejo, situado en las intersecciones de los partidos y dentro del sistema de relaciones entre partidos y gobierno. Se expresa, pues, el poder de la UNAM para ocupar una posición relevante en un debate de la mayor importancia, poder que indudablemente emana del prestigio académico de la institución y de su fuerza moral ante la sociedad.

Si el papel desempeñado por la Universidad en la propuesta de una política hacendaria de Estado actualiza y refuerza su peso político en las actuales circunstancias, también abre flancos vulnerables. Habrá quienes no simpaticen, desde la propia Universidad, con el papel de la rectoría como promotora de iniciativas de los partidos, auque sean éstas de convergencia. Habrá quienes, desde el Estado, consideren que la Universidad representa un adversario que está extralimitando sus funciones. También habrá quienes, desde los partidos políticos, busquen aprovechar el espacio universitario abierto para articular fuerzas en el presente y a futuro. En cada una de estas posibilidades hay riesgos evidentes y no despreciables si el interés de rectoría es, en efecto, fortalecer a la Universidad y renovar, con nuevos enfoques, las relaciones entre la institución, el Estado y la sociedad.

La iniciativa, sin embargo, parece haber sido bien recibida por sus primeros destinatarios. Hace falta todavía conocer los comentarios específicos de la Secretaría de Hacienda y analizar el peso de la propuesta en el contexto del debate actual sobre el gasto público 2003 y de la ley de ingresos correspondiente. Pero, al margen de sus últimas consecuencias, parece indiscutible que la idea tuvo éxito y que abre posibilidades frescas, todavía no exploradas.

Mientras tanto, la ruta de la UNAM para establecer las bases de su propia reforma no ha adquirido el perfil de la certeza. Los tiempos corren y el horizonte de un congreso universitario, en el que se discutan los temas críticos de la institución, más bien parece alejarse. ¿Podrá el sentido de oportunidad política demostrado en la iniciativa hacendaria infundir nuevos bríos a los procesos de cambio que requiere la Universidad como principal institución de enseñanza superior e investigación del país? Ojalá que así sea.