Paola Virginia Suárez Ávila

El escenario después de la suspensión del Programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), un programa muy popular y bien recibido que entró en vigor el 15 de junio de 2012 en la segunda administración de Barack Obama, y que fue suspendido por el presidente en turno de Estados Unidos, Donald Trump, el día 5 de septiembre de 2017, se presenta crítico y difícil para una generación de jóvenes inmigrantes no documentados en los Estados Unidos, en su mayoría de origen mexicano y centroamericano, que por primera vez accedieron a la educación superior y a un trabajo formal con base en los lineamientos del Programa.

La resolución del presidente Donald Trump frente al Programa, ha sido una de las decisiones más cuestionadas por la sociedad civil de Estados Unidos en cuanto a materia migratoria y de educación, ya que ha modificado las expectativas de los jóvenes no documentados en Estados Unidos por su difícil permanencia en los Estados Unidos, una posible deportación masiva y el difícil acceso a continuar y acceder a la educación superior.

El programa DACA fue modelado bajo los requerimientos del Development, Relief and Education for Alien Minors Act (DREAM Act) y son proyectos que fueron planeados para los jóvenes inmigrantes no documentados que no tienen ningún tipo de registro en el sistema criminal y que fueron traídos desde niños a Estados Unidos, procedentes la mayor parte de México y los países centroamericanos, y otros muchos provenientes de países asiáticos.

A diferencia del DREAM Act, el DACA no ofreció un camino a la legalización de los jóvenes no documentados y se enfocó en otorgar solamente dos años de permiso para que los jóvenes accedieran a las universidades y colegios públicos y pudieran conseguir un trabajo de forma legal, siendo que la importancia del DACA es que les dio la oportunidad de obtener educación superior, con el apoyo de gobierno federal y gobierno local, a más de 800,000 jóvenes no documentados en Estados Unidos.

Ante los cambios que impone la suspensión del DACA, para los más de 800,000 jóvenes que están adscritos al Programa en los próximos seis meses, las críticas a nivel nacional e internacional han aparecido; los colectivos y alianzas de inmigrantes han manifestado su rechazo porque los jóvenes inscritos en programas de educación superior han mejorado sus niveles de vida y el acceso a la economía formal, lo que genera una importante reducción de la pobreza y de la exclusión social en materia educativa de las comunidades migrantes no documentadas.

Muchos críticos de las políticas anti-inmigratorias de Donald Trump, han analizado que el hecho de que los jóvenes que portan el DACA hayan accedido por primera vez a la educación superior y a un trabajo formal, genera riqueza en las regiones donde viven y fomenta valores de civismo y liderazgo dentro de sus comunidades.

Cabe destacar que la campaña “Undocumented, unafraid” ha permitido que los jóvenes discutan en foros sus necesidades bajo el refugio de ciudades y universidades en su lucha para el reconocimiento de su ciudadanía en distintas localidades de los Estados Unidos. Su principal meta es que dentro de la narrativa y la política sean enmarcados jurídicamente como un grupo vulnerable frente al sistema migratorio y judicial de los Estados Unidos y, que les permita el derecho a la educación superior y a un trabajo formal que impacte positivamente en sus comunidades.

El Programa DACA es uno de los grandes avances que ofreció el sistema migratorio y educativo durante el segundo período de gobierno de Obama, ayudó a promover por la vía legal y administrativa el acceso a la educación superior, y a una discusión sobre los derechos de los migrantes y los menores no acompañados en búsqueda de mejores condiciones en Estados Unidos.

La situación actual marca que la educación superior en Estados Unidos se les niega nuevamente a los hijos de los inmigrantes no documentados por la vía legal; situación que va a generar exclusión, rezago en la educación y desarrollo de las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos, centroamericanos y asiáticos, principalmente, que han emigrado desde niños acompañando a sus padres a los Estados Unidos.

Ante este panorama, el cambio y las soluciones lo deben continuar planteando las instituciones de educación superior de la región de Norteamérica, como es el caso de la UNAM, que ha impulsado el trabajo por reconocer la situación de vulnerabilidad en la que viven ellos y promover soluciones para que estos jóvenes puedan ser incluidos en planes de desarrollo y de acceso a la educación superior en universidades de México, Estados Unidos y Canadá.

Desde México, nos queda seguir colaborar con los jóvenes que ya han retornado a nuestro país como resultado de las políticas restrictivas en materia de migración de los Estados Unidos; con el fin de integrarlos y buscar alternativas para que estos jóvenes accedan a las universidades e institutos de educación superior pública y privada de nuestro país.