María Herlinda Suárez Zozaya

Escribí en el número antepasado de este suplemento (CampusMILENIO 94) una colaboración acerca del tema de la relación entre la universidad pública y la sociedad. Apunté la necesidad, que existe actualmente en México, de que se renueven acuerdos y se recreen las confianzas entre estas dos entidades, para lo cual la universidad pública debe atender, con sumo cuidado, las demandas que hoy le está haciendo la sociedad, al tiempo que ésta debe respetar y valorar los elementos que otorgan identidad a la universidad pública: pensamiento crítico y autonomía.

Sin duda, ante la realidad actual del país, fortalecer la democracia representa la prioridad social que constituye el núcleo del compromiso entre universidad y sociedad.

Por ello, si seriamente se persigue renovarlo, es absolutamente necesario que la universidad pública promueva y logre llevar a cabo prácticas efectivas de diálogo, reconocimiento mutuo y coparticipación con la sociedad toda, no sólo con el gobierno o con cualquiera otra de sus fracciones.

Un punto crucial de la agenda democrática de la sociedad y de la universidad pública es necesariamente el equilibrio regional de las capacidades académicas.

Ligado como ha estado a los proyectos, decisiones y destinos gubernamentales, los recursos de la universidad pública se concretaron especialmente en el centro del país y particularmente en la UNAM, la cual en este principio de siglo, por razones de la historia, concentra altos porcentajes del total de las capacidades nacionales para investigación y para la formación de profesionistas.

Indicadores como el de la proporción de investigadores nacionales (SNI) adscritos a la UNAM dan cuenta de la alta competitividad académica que tiene la Universidad Nacional frente a otras instituciones del país.

Prácticamente en todas las áreas del conocimiento la UNAM registra las mayores frecuencias.

Es verdad que los datos que dan cuenta del alto nivel de competitividad académica de la UNAM a veces causan molestia y rivalidad entre quienes sienten no haber tenido los mismos apoyos y oportunidades. Con todo, al menos en esta etapa, le toca a la UNAM asumir el liderazgo en la promoción del equilibrio regional en México, particularmente en lo que se refiere a la distribución del conocimiento y de programas educativos de posgrado, que constituyen fuentes principales de sus riquezas.

Esto debe ser así porque no parece posible que la democracia avance si el país no cuenta con un sistema educativo y de investigación de calidad regionalmente equilibrado.

La presencia de la UNAM en las regiones se ha dado desde hace mucho. En varias entidades de la República operan unidades, estaciones y centros de investigación unamitas.

Es preciso tener claro que la presencia de la UNAM en las regiones no ha obedecido a las mismas causas que han provocado que en todo el país hoy estén proliferando las universidades, principalmente las de carácter privado. Las sedes regionales de la UNAM no están a “la caza” de estudiantes ni pretenden competir en el mercado de las instituciones locales de educación superior.

En el campo de la educación, la principal misión de las entidades regionales de la UNAM es la de dar soporte académico a las instituciones educativas locales, principalmente a las de carácter público, para asegurar que en todo el país existan opciones de más alta calidad.

Pero actualmente el por qué de las sedes regionales de la UNAM va más allá de la formación de recursos humanos de alto nivel en todo el país. Yucatán es el asentamiento regional más reciente de esta casa de estudios y representa, junto con otras sedes en otras entidades de la República, un compromiso explícito con los procesos de democratización exigidos hoy por la sociedad mexicana.

Por ello, la UNAM en Yucatán se está construyendo y significando como inicio de una universidad pública transformada, que se deja penetrar por el movimiento, que comparte su fuerza y adquiere nueva vitalidad a partir del diálogo, el reconocimiento y la participación con las regiones y se autogestiona a sí misma en continua relación con las demandas sociales.

Como investigadora del tema de “Universidad y cambio social”, esta semana acompañé a la Coordinadora de Humanidades y a los directores de Centros e Institutos de Investigación del área en un viaje de visita a la Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM, en la ciudad de Mérida.

En las varias reuniones que tuvimos con representantes de instituciones y grupos académicos yucatecos, pude constatar la operación de una nueva práctica política institucional basada en la discusión abierta y la información, en el reconocimiento de la diversidad coincidente y el compromiso irrestricto con los fines sociales.

Con la convicción de que esta práctica no se funda exclusivamente en las personalidades de actores individuales, sino en una voluntad institucional, puedo afirmar que la UNAM parece haber encontrado una fórmula para transformarse a sí misma y responder a las exigencias de la democracia.

La experiencia de Yucatán y la vivida a través de mi propia adscripción al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), con sede en Morelos, me dan para pensar que la UNAM está gestando una nueva existencia nacional, solidaria y responsable.