María Herlinda Suárez Zozaya

Recientemente, el presidente Felipe Calderón anunció que, en breve, empezará a operar en México el Programa de Financiamiento a la Educación Superior. Por medio de este programa, con la participación de Nacional Financiera y de otras entidades bancarias privadas, el gobierno otorgará créditos a los estudiantes de este nivel educativo para que puedan sostener sus estudios.

Desde que el presidente presentó el programa, muchos han sido quienes han señalado lo inadecuados e impertinentes que resultan los créditos educativos para lograr los objetivos que supuestamente se buscan. Se ha comentado que los créditos que se ofrecen y las formas de financiamiento que se plantean están lejos de propiciar la igualdad y la democratización. También ha sido apuntado que el programa adolece de serios problemas éticos, en cuanto que convierte a los jóvenes estudiantes en el medio para alcanzar el fin de transferir recursos públicos hacia el sector privado. Por mi parte, aquí llamo la atención acerca de las implicaciones que puede tener la aplicación del programa en la construcción de las identidades de los estudiantes.

Según datos de la Encuesta Nacional de Alumnos de Educación Superior (ENAES), ciclo 2008-2009, más de la mitad de los estudiantes de licenciatura, matriculados en instituciones de régimen de sostenimiento particular o privado, pagan una cantidad mayor a 22 mil pesos anuales por concepto de inscripción y colegiaturas. En las escuelas de élite, que es a las que deben permitir acceso los créditos educativos si es que realmente quieren cumplir los objetivos de equidad y democratización que anuncia el programa, el monto correspondiente por estos rubros asciende, más o menos, a $60 mil pesos el semestre, en el nivel de licenciatura.

Si se considera que la duración promedio de una carrera profesional es de 9 semestres, resulta que el monto necesario para que un joven obtenga el título en una institución de élite es de $540 mil pesos. Así que, para empezar, un crédito de hasta 215 mil pesos, que es el monto máximo que ofrece el programa, resulta insuficiente para obtener el título de licenciatura en una institución privada situada en la cúspide de la estructura jerárquica del sistema educativo mexicano. En todo caso, los estudiantes que se empeñen en estudiar en estas escuelas tendrán que aportar un complemento, cuyo monto no es despreciable. Esto muestra que el programa no está orientado, como lo anunció Calderón, a beneficiar “a los que más lo necesitan”.

Supongamos que un alumno recibe el crédito por 215 mil pesos. De acuerdo con lo estipulado por el programa, por ello, deberá pagar el 10% anual por 15 años, lo cual significa que mientras esté estudiando abonará cerca de $1,800 pesos mensuales, por concepto de intereses. Independientemente del agobio y las angustias que acompañan al ser deudor, lo preocupante aquí es que utilizando los esfuerzos que hacen los jóvenes por educarse se vaya a proyectar sobre ellos esta identidad, la cual, como se sabe, es sobre la que recaen las obligaciones y los ajustes de cuentas impuestos por el capital financiero. Consecuentemente, el incumplimiento de las obligaciones de pago se convierte en delito y, por lo tanto, al adquirir un crédito educativo los estudiantes también están adquiriendo el riesgo de convertirse en delincuentes.

Establece el programa que al concluir la carrera, con una prórroga de un semestre, los estudiantes endeudados deberán empezar a pagar el capital, además de seguir cubriendo, debidamente, los intereses. De esta manera, al pasar 5 años, aproximadamente, desde el momento en el que recibieron el crédito, los ahora licenciados tendrán que pagar cerca de $3,600 pesos al mes, por 10 años más. Para este entonces, habrán desembolsado $322,500 pesos más sobre la deuda adquirida; es decir que lo que habrán entregado a su acreedor serán $537,500 pesos.

Considerando que en México existe un grave problema de desempleo profesional y que lo salarios que reciben los licenciados son muy bajos (el promedio de ingresos de los profesionistas es de menos de $9,500 pesos) se torna evidente que, si en el país no sucede algo que logre mejorar drásticamente las cosas, el pago de tales mensualidades inhibirá las posibilidades de estudiar posgrados, de adquirir bienes y de formar una familia, cuando menos hasta que cumplan aproximadamente 35 años.

Para la juventud mexicana, este escenario trae larvado un conflicto de conciencia pues lo que parece es que el Programa de Financiamiento a la Educación es una invitación gubernamental para que los estudiantes se conviertan en delincuentes, ya que el riesgo de que no puedan pagar es muy alto. ¿Será que el afanoso luchador contra el delito, el presidente Calderón, no se ha dado cuenta de que su programa promueve la delincuencia?