María Herlinda Suárez Zozaya

En días pasados, varios periódicos nacionales dieron la noticia de que el gobierno del Distrito Federal puso en venta el Cine Variedades. Este inmueble ubicado en el centro de la ciudad, en la calle de Juárez No. 58, fue construido en 1885 como casa habitación de la familia Haghenbeck y en 1941 en él se inauguró el Cine Magarit. Cuando en 1956 pasó a llamarse Cine Variedades se demolió el interior, pero se conservó la fachada. A la fecha, aunque en términos estrictos el inmueble no forma parte de lo que Carlos Martínez Assad llamó “La patria de la Reforma”, es pieza fundamental de la historia urbana y cultural de la Ciudad, tanto en su etapa europizante como modernizadora; merece ser conservado.

En el año 2003, el Gobierno del Distrito Federal expropió el edificio en espera “de mejores tiempos”. Para entonces, el inmueble estaba en estado de deterioro y recientemente los gobernantes han decidido que el futuro del predio no será albergar recuerdos sobre el pasado de la vida capitalina, ni el de acoger risas, llantos, pasiones y demás emociones y reflexiones que producen los espectáculos y exposiciones culturales; han decidido que la memoria y las emociones de los mexicanos no tienen suficiente valor para ser conservadas y cultivadas; pretenden vender el Cine Variedades, pasando por alto que representa parte del patrimonio público tangible e intangible de los mexicanos.

Han dicho los gobernantes que el edificio debe venderse para continuar con los trabajos de mantenimiento de la Alameda Central. En una primera versión, el proyecto de venta contemplaba dividir el predio por mitad y ofertar la parte trasera en 20 millones de pesos. El frente, sería utilizado para construir el “Centro Cultural Ricardo Martinez”. De hecho, el anterior gobierno capitalino se había comprometido con los familiares, e incluso con el ahora fallecido Martínez de Hoyos, a destinar el recinto para exhibir cerca de 50 pinturas de la colección particular del artista, además de casi 400 piezas prehispánicas de piedra y barro, una biblioteca de arte y un archivo documental y gráfico.

El proyecto arquitectónico de restauración del cine fue encargado al arquitecto Gabriel Mérigo. En junio de 2011 se presentó la maqueta, que mostraba un inmueble que atesoraba el pasado de la ciudad y ofrecía a los habitantes y visitantes del Distrito Federal la posibilidad de hacer uso de su derecho al goce de la cultura y de tener una mejor calidad de vida. Sin previa notificación a los ciudadanos, y parece que ni siquiera a los familiares del artista, el gobierno de la Ciudad cambió de opinión y está buscando vender el predio entero. El “Plan Integral de Manejo del Centro Histórico” ya no incluye la restauración del cine Variedades y se anuncia que está “en proceso de recuperación y cambio de uso”. ¿Cómo, cuándo, y con el permiso de quién pasó esto?

Lo que está sucediendo en Ciudad de México, respecto a la intención de venta del Cine Variedades, recuerda los hechos acaecidos ya hace más de diez años en la Ciudad de Cuernavaca, cuando el primer gobierno panista del estado de Morelos decidió vender el Casino de la Selva. Es cierto que el inmueble estaba descuidado pero, en el viejo hotel, todavía había importantes vestigios que permitían admirar la obra arquitectónica del ingeniero Félix Candela y se conservaban murales pintados por el Dr. Atl, entre otros artistas importantes. Los espacios exteriores estaban densamente arbolados, la flora y la fauna eran abundantes e incluso había vestigios de una zona arqueológica llamada La Gualupita. La defensa ciudadana de este bien público fue encarnecida y hubo protestas violentas, pero los derechos ambientales, culturales, civiles y políticos de los morelenses no fueron respetados. El gobierno de Estrada Cajigal vendió el Casino y, actualmente, en su lugar, hay tiendas y un pequeñísimo museo interactivo para niños que nada exhibe sobre la cultura, la historia y la naturaleza de Cuernavaca. Hoy la identidad de quienes visitan el lugar no es la de ciudadanos sino la de clientes.

El hecho trascendió las fronteras nacionales e hizo que los gobernantes mexicanos cobraran fama de no tener respecto por la opinión de los ciudadanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. En un informe emitido por la ONU, en 2003, se lee: “El caso de la destrucción del Casino de la Selva cuestiona la calidad de la democratización mexicana, en términos de justicia de los derechos humanos […] los derechos ambientales, culturales, civiles y políticos”. Se ha dicho que hay que aprender de los errores pero los gobiernos mexicanos no lo hacen, repetidamente tratan el patrimonio público de los mexicanos como si fuera de su propiedad. No entienden que no lo es.

Todos los proyectos urbanos, cuanto más los dedicados a la cultura, son proyectos educativos. En la actualidad hay muchos jóvenes capitalinos cuyo único territorio propio es la Ciudad y que de ella obtienen sus principales enseñanzas. Además, prácticamente de siempre, lo que pasa en la ciudad de México ha tenido una dimensión pedagógica muy importante para todos los mexicanos. La pérdida de espacios públicos y culturales lleva el mensaje pedagógico de la violencia porque representa despojo. Resarcir sus efectos costará mucho más de 20 millones.