María Herlinda Suárez Zozaya

Desde su fundación, la institución universitaria ha tenido que librar luchas por su autonomía ya que el cumplimiento cabal de sus funciones le exige protección frente a la injerencia del poder político, eclesial y de cualquiera otro que pudiera pretender intervenir su compromiso con la libertad de pensamiento, docencia e investigación. A lo largo de su historia, en muchas ocasiones, ha habido alegatos respecto al derecho de los gobernantes de restringirla e intervenirla e incluso el propio Guillermo de Humboldt tuvo que defender la autonomía universitaria cuando el estado alemán, a cargo de Federico III, mostraba fuertes tendencias intervencionistas.

La UNAM es autónoma desde julio de 1929. En varias ocasiones su autonomía se ha visto en peligro y su comunidad ha mostrado su presencia activa para defenderla. En días pasados, el rector Dr. Enrique Graue expresó públicamente que “la autonomía es una conquista de los universitarios y no vamos a renunciar a ella”. Este pronunciamiento fue necesario porque las señales y los símbolos que recientemente han aparecido en el panorama político de la educación superior no se muestran favorables.

Pasadas unas cuantas semanas de que el gobierno actual tomó posesión presentó un presupuesto con una reducción de cinco mil millones de pesos para las universidades públicas. El propio presidente admitió que fue un error que se iba a reparar, pero en el mismo acto dijo textualmente: “seré respetuoso de las autonomías, pero quiero honradez del manejo del presupuesto”. En este anuncio hay un toque de “sospechosismo” hacia las universidades así como una concepción de que la autonomía se puede negociar a cambio de recursos, como si el jefe del ejecutivo desconociera que la autonomía de la UNAM es una atribución constitucional, consagrada en la fracción VII del artículo tercero.

Muy poco después de este anuncio, el presidente presentó una propuesta de reforma educativa que implica hacer cambios justamente en ese artículo. En la nueva redacción propuesta no aparece la autonomía universitaria y, ante el desconcierto que esto ha causado, el secretario de educación confesó que el equipo que elaboró la iniciativa había cometido un descuido. Esta nueva equivocación sumada al error anterior no son buenos augurios ya que tanto el financiamiento que le entrega el gobierno federal a las universidades como el respeto a su autonomía representan los dos pilares más importantes en los que descansa el respeto que el Estado le debe a las instituciones públicas.

Durante el periodo en el que los gobiernos de México estuvieron abiertamente adscritos al neoliberalismo proliferaron imágenes peyorativas hacia el carácter público de las universidades. En la voluntad de los gobiernos de entonces estaba mercantilizar la educación superior y privatizar sus instituciones. Pero ahora la voluntad gubernamental ha dado un vuelco y, por lo que parece, la tendencia hacia la privatización sigue vigente, pero ahora ya no para entregarlas a las leyes del mercado sino al gobierno. Pareciera que hoy en día se está buscando hacer “lo público” sinónimo “lo gubernamental”, cuando no lo es. Recordémoslo: lo público involucra al gobierno pero también a otros actores; de ahí la necesidad que tiene la UNAM de ser autónoma porque en su núcleo debe estar la pluralidad.

El nuevo presidente dice que su pensamiento está iluminado por ideas de Benito Juárez en lo político, y de Lázaro Cárdenas en lo social. Preocupa este posicionamiento debido a que durante el gobierno de Cárdenas se acusó varias veces a nuestra institución de ser conservadora y a los universitarios de privilegiados. Este presidente atacó frontalmente el carácter autónomo de la UNAM debido a que, desde su perspectiva, la exaltación de la autonomía permitía que miembros de la comunidad universitaria se negaran a sumarse a la atención de las urgencias sociales del país.

En la UNAM, desde hace mucho, prevalece la convicción de que la educación superior es un bien social y un derecho universal que aplica a todos los individuos del mundo. Nuestra institución atiende cada vez más la complejidad y heterogeneidad de procedencias e historias de vida de estudiantes y profesores y, últimamente, ha reforzado su empeño por priorizar carreras y proyectos orientados a dar respuesta a las necesidades del país y del conocimiento. Gestionamos becas para jóvenes de bajos recursos, estamos atentos a conseguir financiamientos para mejorar la investigación y la docencia en áreas prioritarias, así como fondos para asegurar el ingreso, permanencia y egreso de un mayor número de estudiantes. Nuestra comunidad vigila y sanciona la corrupción y exige y ejerce transparencia, racionalidad y sustentabilidad en el manejo de los recursos universitarios. No nos consideramos una universidad elitista; no lo somos. Que quede claro: nuestro compromiso con lo social nos da identidad y no es eso lo que hoy está en disputa. Por el contrario, lo refrendamos.

Lo que sí estamos defendiendo es nuestra autonomía y el presupuesto que por ley nos corresponde. Nuestra institución, por ser pública y nacional está comprometida con la democracia, la participación abierta, el reconocimiento mutuo, la libertad de pensamiento y el debate plural. Es por ello que ante el escenario de errores, descuidos y ajustes políticos que hay en la actualidad, los universitarios estamos preparados para ejercer nuestra autonomía. No se necesita ser psicoanalista para saber que aunque una persona signifique sus errores como acciones inocentes, en realidad, suelen ser expresión de deseos inconscientes.