María Herlinda Suárez Zozaya

En México las mujeres padecemos fastidios, maltratos y acosos incesantes; las violaciones, asesinatos y los abominables femenicidios se han vuelto frecuentes. Todas estas atrocidades suelen quedar impunes porque, entre otras causas, los enjuiciamientos son prácticamente nulos, las investigaciones descuidadas e insuficientes y muchas veces los responsables son injustificadamente absueltos. Los panoramas de discriminación cotidiana son persistentes. Se comprueban en estadísticas que, entre otras cosas, documentan la menor proporción de ellas en comparación con hombres en todas las instancias de poder y participación social y que hacen evidentes las injusticias en cuanto a distribución, posesión y disponibilidad de recursos.

Coincidentemente, hemos visto resurgir las resistencias sociales hacia las violencias e indignidades contra las mujeres. Si bien este problema ha dejado de ser un asunto de solo ellas, pues hoy en día también muchos hombres luchan a favor de la justicia de género, los movimientos por esta causa siguen siendo principalmente de mujeres. Las jóvenes están siendo su principal protagonista pues los contextos de inseguridad y los sentimientos de miedo que proliferan dificultan o impiden la expresión y el goce pleno de su juventud. En los ámbitos educativos las alumnas hablan de que incluso en el aula se atenta contra su dignidad.

Recientemente las estudiantes de la UNAM se han movilizado y han dicho ¡basta! Estas jóvenes no se resignan a seguir siendo víctimas de la violencia de género que abunda en la institución. Las estudiantes organizadas saben que el camino por recorrer es complicado porque hay que transformar pautas culturales y sociales que se toleran cotidianamente en la universidad. Comprenden que deben tomarse medidas más allá de las legislativas y penales, pero también que es urgente modificar leyes y reglamentos universitarios que pasan por alto o tienen una redacción y/o implementación deficiente respecto a la justicia de género; particularmente en cuanto a las sanciones.

La primera demanda concreta de las estudiantes es que se reformen los artículos 95, 98 y 99 del Estatuto General. Su reclamo fue recogido en la propuesta, fechada el 17 de enero, suscrita por el Pleno del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras para ser enviada al Consejo Universitario. Así mismo, fue reiterada en una carta colectiva signada el 11 de febrero por 25 planteles y varios colectivos de estudiantes universitarias.

La propuesta no pudo ser atendida cabalmente durante la reciente reunión del Consejo Universitario, del día 12 de febrero, debido a que la Comisión de Legislación no la conoció a tiempo. Es una lástima, porque la UNAM perdió la oportunidad de demostrar que las autoridades y los miembros de los órganos colegiados estamos comprometidos con lo que debería ser hoy nuestra prioridad: escuchar e incorporar los reclamos de las mujeres universitarias y especialmente las de las estudiantes movilizadas, evitando adoptar actitudes y prácticas que buscan acotarlos y controlarlos.

Estuve presente en la reunión del Consejo; tengo el honor de ser consejera. Constaté la decisión consensuada de que en la UNAM se implanten y operen políticas, acciones y prácticas orientadas a lograr justicia de género. Presencié el acuerdo general acerca de que en la institución se debe impulsar la participación de los y las jóvenes y tomar acciones que acompañen y faciliten el cumplimiento de la causa por la que las estudiantes están hoy en lucha. Convalido las numerosas expresiones de consejera/os que apuntaron que las modificaciones al Estatuto que fueron aprobadas en esa sesión no son suficientes. Corroboro la unanimidad en torno al compromiso del Consejo, vertido en su comunicado de fecha 14 de febrero, para revisar e incorporar otras propuestas en la próxima sesión plenaria que se llevará a cabo en el mes de marzo. Destaco el señalamiento de alguna/os consejera/os respecto a que el punto sobre los cambios al Estatuto General merecen primacía en el orden del día, por lo que en la próxima sesión deberá evitarse tratarlo bajo la dominación del cansancio y la impaciencia de los asistentes.

Para avanzar en la erradicación de la violencia de género en la UNAM no se pueden tomar a la ligera las propuestas de las estudiantes; ni esperar que no haya posiciones diversas al respecto. Discutir no es malo, por el contrario, permite fortalecer los escenarios de debate y de interpelación política. El desafío es mostrar apertura y lucidez respetando el derecho que tienen las estudiantes de ser escuchadas y de que sus demandas y propuestas sean incorporadas a las discusiones y decisiones de los cuerpos colegiados.

Ante los graves problemas de violencia que actualmente hay en el mundo, y particularmente en México, las irrupciones de las estudiantes organizadas que se están movilizando son apenas un emergente; es probable que en tiempos cercanos las expresiones juveniles de protesta se multipliquen. Ante esta realidad, hoy a la UNAM se le presenta la oportunidad de fortalecer las redes de comunicación con sus estudiantes, de que la/os universitaria/os que luchan por causas justas sepan que no están sola/os y de reforzar la confianza que, tradicionalmente, la juventud y la sociedad mexicana han depositado en ella.