Hoy las universidades mexicanas y sus académicos enfrentamos el reto y la responsabilidad de cultivar la capacidad crítica y propositiva de la sociedad. Para ello, tenemos que mantenernos atentos a las problemáticas emergentes así como a los intereses y conflictos que surgen, a fin de aportar elementos que ayuden a descubrir nuevas dimensiones y a alcanzar renovadas interpretaciones, posiciones y acciones. Actualmente, el debate sobre el aborto está candente y como académica abordo aquí este tema.
Empiezo por aclarar que lo que hoy está en cuestión en México no es el acto de abortar sino su despenalización. Esto es importante porque muchas de las informaciones, desplegadas por los actores que apoyan o rechazan la iniciativa presentada ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para ampliar las causales que despenalizan el aborto, aluden al acuerdo o desacuerdo respecto a la decisión privada de abortar y no a la protección institucional y la solidaridad que debe o no brindar un Estado a las mujeres que, por distintas razones, deciden practicar un aborto. Comprender lo anterior es necesario para entender que la iniciativa que se discute no restringe la libertad de decisión de los individuos, sino que atiende un problema de salud pública.
En México, la práctica del aborto, como forma extrema del control de la fecundidad, es un problema social ya que pese a la ilegalidad y a los tabúes es frecuente. Estudios basados en datos de la OMS y de otras fuentes oficiales de 57 países, uno de ellos México, demuestran que las tasas de aborto en países que restringen el procedimiento por ley no son más bajas que las que predominan en donde se le permite, la conclusión es que las restricciones legales no garantizan una baja tasa de aborto. Además, las bases empíricas muestran que donde hay penalización legal es mayor el porcentaje de mujeres hospitalizadas debido a complicaciones.
Lamentablemente no conozco estudios que permitan abordar, científicamente, el tema de las causas que motivan el aborto en México. Sin embargo, investigaciones hechas para los Estados Unidos apuntan que las principales causas son tres: a) escasez de recursos para mantener al bebé; b) problemas en relación con falta de madurez y de autonomía y c) preocupación por el desarrollo personal o profesional. Por su parte, una investigación realizada en Colombia estimó que el 35% de los abortos clandestinos en ese país tiene una motivación económica (Calvo, Yadira. Las líneas torcidas del derecho . ILANUD. Programa Mujer, Justicia y Género. San José, 1996).
Puede suponerse que en nuestro país la causa principal de aborto es económica y que también pesan la dificultad de las mujeres para alcanzar la autonomía y su preocupación por su futuro. Estas dos últimas razones afectan tanto a mujeres pobres como a las no tan pobres y a las ricas, la diferencia estriba en que tener recursos hace posible conseguir una clínica privada, en México o en otro país, donde realizar un aborto. En cambio, las mujeres pobres tienen la necesidad de recurrir a personas no idóneas y a condiciones insalubres para realizarlo. De aquí que, la prohibición del aborto no sea la mejor y más racional manera de evirtarlo.
Abortar es algo que no se hace por gusto. Muchos de los que se oponen a su legalización sostienen que quiénes promueven su despenalización promueven el aborto, lo que no es cierto. De lo que se trata es de brindar condiciones de menor riesgo para las mujeres que enfrentan la necesidad de tomar decisiones frente a un embarazo no deseado. Se debe advertir que una consecuencia de la despenalización del aborto será el aumento en el número de casos que se registren, habrá que evitar confundir el registro con el número de ocurrencias reales.
Las estadísticas indican que muchas mujeres casadas abortan. Conviene rebatir la creencia de que el aborto lo realizan sobre todo las mujeres solteras, ya que tal creencia tiene que ver con el sentido de "pecado" que suele darse a la sexualidad. Este sentido siempre ha sido un instrumento poderoso en manos de la sociedad patriarcal para controlar la vida de los seres humanos, en especial de las mujeres, lo que en la sociedad actual constituye el verdadero problema moral. Parte de la población, y sobre todo las mujeres, adolecen de falta de información, conocimiento y recursos en torno a la práctica de la sexualidad de manera sana y responsable. Si lo que se quiere es evitar el aborto corresponde a las instituciones públicas y privadas llevar a cabo programas de educación sexual desde la infancia.
La oposición radical al aborto no ha sido un principio religioso inmutable. La actual posición de la iglesia católica data de fines del siglo XIX con el Papa Pió IX. Lástima que la iglesia no comprenda que en este momento podría jugar un papel importante en México, informando abiertamente y reforzando valores en torno a la sexualidad, sin tomar posiciones condenatorias. La de hoy es una sociedad donde la exposición al riesgo es cotidiana. Justo es que el Estado emprenda acciones que, como la despenalización del aborto, brindan protección a las mujeres.