María Herlinda Suárez Zozaya

México se distingue en el panorama internacional por ser un país que suele firmar, sin gran dificultad, declaraciones y convenciones internacionales que lo comprometen, en su calidad de Estado-parte, a responsabilizarse con el cumplimiento de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Este tipo de derechos apuntan a la creación y fortalecimiento de condiciones de vida y acceso a bienes materiales y culturales para todos los individuos, de tal manera que en el territorio del país se garantice el bienestar y el desarrollo con dignidad de todas las personas y colectivos. Si bien, a la fecha, los DESC aparecen incorporados en un buen número de cartas, pactos y textos constitucionales, y ya hace más de treinta años que entró en vigor La Convención (Pacto) Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en 1966, hoy es todavía el día que no existe consenso respecto de la naturaleza jurídica de este tipo de derechos, ni sobre su concepto.

Recurrentemente, el derecho a la educación ha sido reconocido internacionalmente como derecho fundamental y, por lo tanto, forma parte de los DESC. Además, en México este derecho está incorporado al texto constitucional, por lo que no debería hallarse pretexto que valiera para explicar por qué hasta ahora en el país todavía hay muchos jóvenes que no tienen acceso a la educación secundaria y por qué hay tantos que no permanecen hasta concluir sus estudios, sin desconocer que algunos jóvenes declaran que la razón es que no les gusta la escuela (lo que también preocupa).

Pero, el pretexto en el que esconden su falta los Estados-parte que, como el de México, no han cumplido con lo que han signado, lo encuentran justamente en la escasa precisión que existe en torno a la naturaleza jurídica de los DESC.

Hay quienes los conciben como simples aspiraciones o ideales, pues no resultan exigibles, por cuanto no existen recursos jurídicos para su cumplimiento efectivo ni están anclados en los principios imperativos del derecho internacional (no tienen el carácter de jus cogens).

Para colmo, en los textos de los acuerdos suscritos, los DESC aparecen como derechos de segunda clase: inaplicables, carentes de posibilidad para ser sometidos a los tribunales. Es más, la exigencia jurídica impuesta a los Estados que se comprometen con los DESC se reduce a que "comiencen inmediatamente" a adoptar medidas encaminadas a conseguir el goce pleno por todos los individuos de todos los derechos; la efectividad y la garantía del cumplimiento se establecen para el futuro, supeditadas al monto de recursos de que se disponga.

Estando así las cosas, cuando menos en nuestro país, y en general en los de Latinoamérica, el pretexto perfecto que han encontrado los gobiernos para no aceptar su responsabilidad, ante las malas condiciones de vida que ofrecen a tantos, ha sido la constante alusión a la falta de recursos. De hecho, lo que salta a la vista es que a muchos gobiernos la pobreza en sus países les ha resultado funcional, a estos efectos.

Pero, en México la pobreza se debe más que a la falta absoluta de recursos al grave problema de iniquidad en la distribución (recordemos que el hombre más rico del mundo es mexicano). No es necesario llevar a cabo análisis profundos para darse cuenta de que en nuestro país el auténtico obstáculo para eliminar la pobreza y lograr mayores avances en materia educativa se encuentra en la falta de empeño político, y no en la escasez de recursos financieros.

Esto es tan claro que, en los escenarios internacionales, la imagen del México romántico, igualitario, respetuoso de lo indígena y de su historia, y de la de los otros, se ha quedado atrás transformándose en la de un territorio violento, lleno de injusticias e iniquidades respecto de los grupos vulnerables.

Sin duda, esta visión se acerca a la realidad y no podemos negarla; en materia educativa en el contexto latinoamericano, caracterizado, todo, por la enorme desigualdad social que existe entre sus habitantes, México destaca por la misma razón.

Un sinfín de "observatorios" y "observadores" ciudadanos se han formado y adquirido el compromiso de dar seguimiento al (in)cumplimiento del Estado mexicano en materia de DESC, particularmente de los educativos. Sin embargo, la verdad es que no puede esperarse que las cosas cambien a través de meras observaciones.

La realidad y la ética urgen a buscar alternativas que impidan que en México continúen las brechas de la desigualdad, las que, por cierto, se estén ampliando. A quienes hemos corrido con la suerte de tener educación superior y nos dedicamos a la investigación en educación, así como a las organizaciones de la sociedad civil, creo yo, nos toca asumir esta responsabilidad, ¿propuestas?