María Herlinda Suárez Zozaya

En Morelos el conflicto magisterial causado por el rechazo de los maestros a la Alianza por la Calidad de la Educación sigue vigente. Después de 84 días en huelga, por decisión de las bases, algunos maestros regresaron a las aulas para continuar con "una segunda etapa de lucha" y hay otros que, a la fecha, todavía se encuentran en paro; actualmente hay planteles que permanecen cerrados. Las versiones oficiales sostienen que los docentes que siguen en la lucha, ya sea que estén dando clases o no, son indisciplinados y obstinados, pues no entienden que ya no hay nada que hacer porque "la Alianza por la Calidad de la Educación llegó para quedarse".

Han sido muchos los efectos perversos que el acuerdo cupular realizado por la SEP y el SNTE en torno a la mencionada Alianza ha traído a Morelos. Día con día suceden enfrentamientos y acaecen severos conflictos que están dañando el tejido social, sobre todo en el ámbito del sistema de educación básica. Basta leer los periódicos de circulación local para caer en cuenta de que el gobierno y los medios de comunicación han instalado una campaña de desprestigio, represión y hostigamiento contra quienes se manifiestan en contra de la Alianza. Padres, madres, docentes y hasta los niños y jóvenes quienes se oponen a ella son acusados de irresponsables y de agresores, llegando incluso a manifestar amenazas de levantar contra ellos actas delictivas "por realizar manifestaciones públicas lanzando consignas ofensivas en contra de la autoridad educativa estatal y del gobierno del estado y gobierno federal".

Contrariamente a lo que se supondría una mínima coherencia con los principios y valores de la democracia, la actuación del actual gobierno de Morelos ha dejado ver que en la entidad los derechos ciudadanos de libre manifestación de inconformidades se encuentran restringidos. Además, paralelamente a la estrategia desplegada para acallar el descontento de los actores de la educación básica, recientemente los diputados de Acción Nacional impulsaron y aprobaron la penalización del aborto en todas sus causales, lo que se contrapone con lo que establece el Código Penal todavía hoy vigente. Este cambio a la Constitución lo llevó a cabo la Cámara sin realizar consulta alguna con la población, con todo y que la penalización de la interrupción del embarazo contraviene el espíritu y letra de las convenciones internacionales relevantes suscritas por México, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención Belem do Pará.

El tema de la ecología también ha propiciado enfrentamientos entre la sociedad y el gobierno de Morelos. Ambientalitas y científicos nacionales e internacionales se han sumado a la oposición que los vecinos plantean al relleno sanitario en Loma de Mejía, demostrando que causará graves daños al medio ambiente. Sin embargo, el gobierno panista sigue empeñado en su construcción. Y como si no fuera poco, esta semana el gobierno municipal de Cuernavaca anunció que pretende convertir la ciclopista de la ciudad en una arteria de doble sentido como solución a los problemas de tránsito. Por supuesto, las manifestaciones de descontento social contra esta medida no han tardado en aparecer. Pero, el presidente municipal parece no estar dispuesto a ceder.

Es de suponer que cuando en el año 2000 tantos morelenses votaron por el PAN sabían que el viraje político hacia la derecha traería enfrentamientos ideológicos en esta entidad donde la búsqueda por lo alternativo y los ideales de la "Revolución del Sur" palpitan. Podía preverse que la referencia ideológica central sería liberal, que el espíritu del nuevo gobierno sería empresarial y que la prioridad estaría puesta en los procesos de modernización, pasando por encima del patrimonio natural y de la cultura. Había esperanzas, sin embargo, de que podrían lograrse avances democráticos y en la participación política efectiva por parte de grupos políticos y sociales relativamente diversos y que respecto de los temas conflictivos podría haber diálogo y alcanzarse acuerdos. Ahora, después de casi ocho años, ha quedado claro que esto no es así.

En las circunstancias actuales, en la entidad se observa una reactivación del interés de la sociedad por los asuntos públicos. En el acontecer de los pueblos y de las ciudades morelenses los diálogos que circulan dejan ver que en el ambiente se han acumulado síntomas generales de descontento con el gobierno en turno. Lo cierto es que por más que los paros y las marchas de maestros sean impopulares y el gobierno se esfuerce por presentarlos como obra de irresponsables que afectan los intereses de los padres de familia y de los niños mexicanos, ya a nadie le cabe duda de que la Alianza en cuestión poco o nada tiene que ver con la responsabilidad que el Estado tiene con cumplir el derecho fundamental de los niños y de los jóvenes mexicanos a recibir una educación de calidad. En cambio, hay coincidencia social en que el actual gobierno es profundamente conservador, intolerante y excluyente no sólo en materia de educación y de trabajo sino en todos los ámbitos de la vida y de la política.