María Herlinda Suárez Zozaya

La tragedia ocurrida en la guardería ABC en junio pasado, en Hermosillo, Sonora, da pie para exigir al gobierno mexicano en turno que cese ya de poner en manos de la iniciativa privada los recursos públicos que forman parte del patrimonio de todos los mexicanos, así como de dar en concesión a particulares los servicios que, por ley, debe brindar el Estado a la población.

Calificar como accidente o como mera negligencia el doloroso suceso que quitó la vida y lastimó a varios pequeñitos de aquella entidad, implica esconder lo que verdaderamente lo produjo y que, por cierto, es coincidente con lo que ha producido y sigue produciendo los procesos de empobrecimiento e inseguridad que hoy se viven en el país. Las verdaderas causas de tal suceso y procesos, sin duda, se encuentran en la corrupción de los funcionarios públicos y en la cada vez más común colusión que se da entre ellos y la iniciativa privada, cuyo único interés es el lucro.

Hoy, en México, ni los empresarios ni los funcionarios públicos se interesan por lo que conviene al bien común; de hecho, esto no parece importarles nada. De ahí la necesidad de que la sociedad ponga un alto a las tendencias privatizadoras y de implantación de la cultura empresarial en los ámbitos públicos.

Para legitimar la privatización de los servicios públicos, el gobierno mexicano ha expandido la idea de que privatiza en nombre de la eficiencia. Utilizando el viejo método goebbeliano de repetir una mentira hasta convertirla en verdad, los grupos empresariales, apoyados por el gobierno, han sembrado y cultivado la idea de que en México lo privado es más eficiente que lo público. Pero ya varias veces ha sido demostrado, y el caso de la guardería ABC lo corrobora, que esta afirmación es un mito infundado, pero interesado.

Para los empresarios, ya sea que compren las empresas públicas o que reciban concesiones, subsidios o exenciones para prestar servicios, la privatización de lo público representa un negocio redondo, como puede haber pocos. Y en este negocio también participan, con una buena tajada, los funcionarios que promueven y autorizan las ventas, las concesiones los subsidios y exenciones.

Y ya se ha visto que tanto los cuidados de la infancia como la educación de la juventud constituyen hoy un bocado apetitoso para la iniciativa privada y sus cómplices, representados éstos por los funcionarios en turno. Ya se sabe que la privatización de la educación, y principalmente la de nivel superior, forma parte de la agenda neoliberal a la que han adscrito sus preferencias, simpatías y compromisos los gobiernos mexicanos desde hace más de 25 años. Así que el anuncio hecho en días pasados por las secretarías de Hacienda y de Educación sobre la necesidad de que las universidades públicas reduzcan, a su consideración, sus gastos, no puede significarse desvinculado de la lógica privatizadora a la cual los actuales secretarios son adeptos.

Con lo sucedido en la estancia infantil de Hermosillo, y con las averiguaciones que se han realizado al respecto, la alusión a la falta de recursos económicos para dotar de recursos suficientes a la educación superior pública suena a pretexto. Más bien pareciera que las penurias provocadas por la actual crisis financiera se están usando como fantasma para ahuyentar manifestaciones y críticas sociales derivadas de la voluntad del gobierno de aplicar reducciones al gasto público en educación superior y de entregar a las universidades un presupuesto a todas luces insuficiente.

Así, pues, es de dudar que el objetivo del gobierno al pedir a las universidades que reduzcan, hasta donde se pueda, sus presupuestos, no se encuentre vinculado con la búsqueda de liberar recursos para que se puedan encauzar hacia otros usos que beneficien en forma directa los intereses de los sectores hegemónicos de los que forman parte los concesionarios particulares de los servicios públicos.

En el marco esbozado, la posición adoptada por el rector de la UNAM en cuanto a que esta institución no llevará a cabo ningún recorte en su presupuesto, voluntaria o involuntariamente, da cuenta de una postura política y moral que encuentra su fundamento tanto en la defensa de la educación pública como en la denuncia de un Estado que, haciendo a un lado el mandato que le ha dado la sociedad, delega los asuntos públicos en manos privadas y apoya, facilita y procura que en el país imperen, sin impedimento alguno, los intereses y los grupos particulares.