María Herlinda Suárez Zozaya

Cada día es más notorio que México es un país dominado por la violencia. No es necesario dar estadísticas para saberlo, pues cotidianamente, ya sea a través de los medios de comunicación o de sucesos que se viven en carne propia o mediante historias que cuentan amigos y vecinos cercanos, somos testigos de que la realidad que nos circunda es violenta.

Sin duda, nuestro país es uno de los más violentos del mundo y aunque no todos los hechos son adjudicables al crimen organizado, su accionar es muy sonado y tiene aterrorizada a la sociedad mexicana. Es que en los actos delictivos que llevan a cabo las mafias organizadas cualquiera puede quedar envuelto, aunque no se haya hecho nada para merecerlo. ¡Cuántos casos se oyen a diario de personas que fueron heridas o muertas en balaceras que se registraron por donde ellas iban sólo pasando, o que quedaron involucradas en problemas de narcotráfico o secuestro, de la noche a la mañana!

Lo que en la semana pasada sucedió en la ciudad de Monterrey es el colmo. Califico así lo sucedido a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verduzco, ambos fallecidos en la balacera que se registró el pasado viernes en la madrugada, frente al ITESM, pues no por haber sido estudiantes de posgrado de una institución de educación superior privada de prestigio sus vidas valen más o sus muertes son más lamentables que las de otras personas que también han fallecido víctimas de la violencia que se da en las calles.

Digo que es el colmo porque, precisamente por su estatus social, se constata que hoy, en México, de la violencia ya nadie se escapa. Lo peor es que hasta que sus familiares y los directivos de la institución en donde estudiaban aclararon que estos jóvenes eran alumnos, fueron tomados por narcotraficantes y señalados como sicarios a los que incluso les habrían decomisado armas.

¿Qué hubiera pasado si las víctimas no hubieran sido estudiantes y no se hubieran levantado en torno a ellos voces que reivindicaron su identidad vinculada al buen comportamiento social y al excelente desempeño académico? Lo probable es que el gobierno se hubiera lavado las manos respecto de lo sucedido y se empeñara, como siempre suele hacerlo, en enviar el mensaje de que los muertos fallecieron por su culpa, por andar por el mal camino. Está claro: de ser considerado culpable, o cuando menos sospechoso, en México, tampoco nadie se salva.

A la fecha, las víctimas inocentes de la violencia ya han sido demasiadas. En una sociedad democrática, como se supone que es la mexicana, cuando menos en términos de aspiraciones, el principal deber del gobierno es brindar a la población condiciones y sentimientos de seguridad para que la vida ocurra. Pero hoy los mexicanos nos sentimos más inseguros que nunca. La gran preocupación de la población mexicana, en cuanto a los bajos niveles de seguridad existentes en el país, se ve reflejada de modo especial en los sentimientos de riesgo, miedo, vulnerabilidad y desprotección que experimentan los y las jóvenes. Para el año 2000, la Encuesta Nacional de Juventud reveló que, en ese año y en el ámbito nacional, la mayoría de los jóvenes mexicanos situaba la inseguridad y la violencia en el quinto y sexto lugar de los problemas graves del país, respectivamente. En ese entonces, los primeros lugares correspondieron a la pobreza, el desempleo, la corrupción y el deterioro ambiental, en ese orden.

No conozco ninguna encuesta que se haya realizado posteriormente que permita comparar cabalmente si este orden se ha modificado. Sin embargo, sí he trabajado con varias fuentes que muestran que hoy el principal reclamo que la juventud mexicana hace al gobierno y a la sociedad es la inseguridad y la violencia, aun por encima del desempleo, de la escasez de protección institucional a su salud, de la vivienda inaccesible y de las insuficientes oportunidades de educación.

De una u otra forma, los resultados de las encuestas que se han realizado en esta reciente década permiten afirmar que lo sucedido en lo que va del nuevo siglo constata, una vez más, que la pobreza, el desempleo y la corrupción y, por supuesto, también el deterioro ambiental, son productoras principales de inseguridad y violencia. Entonces, si ya se conocen las causas, ¿por qué no se les combate a éstas? ¿Por qué el gobierno sigue empleando estrategias de combate tan ilógicas e impertinentes?

La Encuesta Nacional de Juventud se levantará nuevamente en este año que corre. Espero que el marco conceptual y la metodología que se utilicen permitan comparar las percepciones de los hoy jóvenes respecto a las de la juventud de 2000. Estoy segura que la inseguridad y la violencia aparecerán en primera plana, como diariamente lo hacen en todos los medios.